Defensoría advierte sobre ‘riesgo inminente’ por grupos armados en varias zonas
La Defensoría del Pueblo alertó porque en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país por el coronavirus, se ha fortalecido el accionar de grupos ilegales, poniendo en riesgo a las comunidades.
Con la alerta temprana número 18 del 30 de abril de 2020, el organismo humanitario denunció que entre el 23 de marzo y el 27 de abril ha identificado por lo menos 72 hechos violentos cometidos por diferentes grupos ilegales, que representan un riesgo para las comunidades vulnerables. Un panorama que preocupa, porque a esto se suman a las condiciones actuales por la pandemia del coronavirus y el aislamiento en el que se encuentra el país.
Un total de 14 las acciones han sido perpetradas por disidencias de las Farc, lo que representa un 34 por ciento de los casos, seguido de la guerrilla del Eln con 11 hechos atribuibles, que suman un 27 por ciento. Otros responsables son Epl y organizaciones posdesmovilización de las AUC.
Los departamentos identificados por la Defensoría del Pueblo como los más vulnerables son Cauca, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca y Guaviare, todos ellos con antecedentes de otras alertas tempranas. Líderes sociales y personas que trabajan en el tema de erradicación de cultivos ilícitos, hacen parte del blanco de ataques por parte de estas organizaciones. Frente al modo de violencia, se destaca:
“Han hecho públicos sus mensajes, principalmente, mediante la circulación de comunicados y panfletos, entre los cuales es común el respaldo al aislamiento con imposición de regulaciones y normas de conducta, así como amenazas de homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación del contagio”, señala la alerta temprana.
Frente al cese el fuego decretado por la guerrilla del Eln entre el 1 y el 30 de abril, el organismo humanitario indicó que aún en esa supuesta tregua hubo combates que pusieron en riesgo a departamentos como Chocó, sur de Bolívar y Norte de Santander.
Uno de los temas que la Defensoría calificó como preocupante es que ante la ausencia del Estado, estos grupos subversivos coarten a la población y busquen una ‘legitimidad’.
“Adquirir o fortalecer una suerte de ‘legitimidad social’, mostrándose como protectores de la población civil, especialmente en áreas rurales con poca presencia institucional, donde ostentan cierto grado de control territorial, por medio de la imposición de normas de conducta y la sanción de quienes las transgredan, además del desconocimiento de medidas oficiales del orden nacional y regional”, advirtió la entidad.
Para la Defensoría, también hay un riesgo de que aumente el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación: “No se descarta que actores armados ilegales, aprovechen posibles vacíos de la presencia en corredores y puntos estratégicos, para el desarrollo de las economías ilegales que controlan, particularmente narcotráfico, minería ilegal e incluso el incremento de la deforestación”, señaló.
Por lo anterior, el organismo humanitario le pidió al Gobierno, en cabeza del Ministerio del Interior, que se adopten medidas eficaces para la protección de las comunidades en riesgo.
