Denuncian asesinato de líder social en Tarazá, Antioquia
Según informó la Asociación Campesina del Bajo Cauca (Asocbac), fue asesinado Edier Lopera el pasado lunes 15 de junio en la vereda Caracolí, municipio de Tarazá (Antioquia). El líder comunitario era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Urales y además participaba del proceso de restitución de cultivos.
En la denuncia, la asociación asegura que el hecho fue perpetrado por “Un grupo paramilitar sin identificar (...) e impidieron que tanto las familias, las comunidades y las autoridades realizaran el respectivo levantamiento del cadáver”.
La organización señaló que el núcleo familiar de Lopera está en riesgo, al igual que la Asociación Campesina del Bajo Cauca perteneciente al Movimiento político Marcha Patriótica. Indican que tanto Asocbac como la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica Antioquia, habían alertado el pasado 2 de junio al Estado colombiano acerca de la presencia de estos actores paramilitares en las veredas Urales, La Ilusión, El Guáimaro y el Cañón de Iglesias del municipio de Tarazá
Asimismo calificaron como “muy grave” lo que consideraron falta de garantías a la labor de la defensa de los derechos humanos en el país. “Seguiremos insistiendo en la obligación que tiene el Estado de Colombia para desmontar el paramilitarismo, brindar todas las garantías a la labor de las y los defensores de derechos humanos, implementar sin más dilaciones el acuerdo de paz y desempeñar las funciones constitucionales”, señala el comunicado.
Según medios nacionales, luego de conocerse la denuncia, desde la gobernación de Antioquia en cabeza de Jorge Ignacio Castaño secretario de Gobierno (e), coordinan con el Ejército, la Policía y organismos humanitarios el protocolo de recuperación del cuerpo.
Indicaron además que no hay un tiempo estimado para llevar a cabo la recuperación del cuerpo, ya que todo dependerá de se encuentra en terreno la comisión mientras atiende el hecho. Según Deivinson Montero, secretario de Gobierno de Tarazá, debido a que el grupo armado ilegal no permitía el levantamiento por parte de las autoridades, al parecer los familiares de la víctima no querían dar en un principio el punto exacto donde estaba ubicado, porque iría el Ejército Nacional.
