El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca alivianar las obligaciones financieras a cerca de 140 mil pequeños y medianos productores del campo, que se han visto afectados por las medidas de contención de la pandemia de coronavirus. En diálogo con el programa Señal de la Mañana, de Radio Nacional de Colombia, explicó en qué consiste este proyecto.
Los beneficios están dirigidos a agricultores que “han tenido problemas con sus deudas debido a situaciones como problemas fitosanitarios, biológicos, climáticos, o también, cuando se pueda demostrar que por seis meses se ha presentado una pérdida continua de ingresos. La idea es que con este proyecto de ley puedan reactivar estos créditos, haciendo negociaciones de intereses de mora y corrientes y puedan ser nuevamente sujeto de crédito”, explicó el ministro.
El proyecto también aplica para los más de 56 mil deudores del Fondo de Solidaridad Agropecuario (FONSA) para promover el pago de sus obligaciones. Se aplicarán descuentos a capital a las obligaciones vigentes, que incluye la suspensión de procesos judiciales hasta el 30 de junio de 2021.
Por otro lado, contempla la posibilidad de establecer acuerdos de pago a través del Banco Agrario de Colombia, Finagro, o con otros bancos. Se contempla descuentos al capital y condonación de intereses de la cartera en mora a 30 de junio de 2020, en los términos que reglamente el Gobierno Nacional.
El jefe de la cartera de Agricultura afirmó que junto a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), se ajustará y determinará las condiciones del pequeño productor, con el fin de estandarizar y armonizar con los diversos tipos de productor, de acuerdo con sus características socioeconómicas. Ya no se tendrá en cuenta los activos, sino sólo el patrimonio, que en la mayoría de casos es menor a lo adeudado.
Finalmente, Zea Navarro afirmó que, dentro de las medidas de reactivación económica para fortalecer el campo, el ministerio destinará 33 mil 500 millones de pesos al sector agropecuario como incentivos, dirigidos principalmente para el transporte de los alimentos y la producción, para asegurar el abastecimiento en las centrales del país.