¿Qué costos y demandas enfrentaría el Estado por el traslado de fondo de pensiones?

En el marco de estudio de 19 tutelas que presentaron ciudadanos para obtener la anulación del traslado de Régimen de Prima Media (Colpensiones), al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (fondos privados), por no haber obtenido la información adecuada para adelantar el cambio de régimen pensional, la Corte Constitucional realizó este jueves una audiencia pública virtual para analizar estas acciones.

Los ciudadanos afirman que no recibieron la suficiente información o asesoría cuando trasladaron su ahorro pensional del seguro social o de Colpensiones a los fondos privados y que el traslado del régimen de prima media, al régimen de ahorro individual, supondría montos inferiores que no cumplen con sus expectativas. Por ejemplo, aseguran, que en el caso de que una persona haya cotizado por más de dos salarios mínimos en un fondo privado, se podría pensionar con un salario mínimo.

Las tutelas fueron presentadas contra las decisiones tomadas por jueces laborales que resolvieron favorable o desfavorablemente las pretensiones relacionadas con la anulación de traslados que se surtieron entre regímenes pensionales y entre las tutelas. Resalta un recurso interpuesto por Colpensiones contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que la condenó a reconocer y pagar la pensión de vejez a un ciudadano, después de anular su traslado a un fondo privado.

En la audiencia la Corte citó a diversas entidades, para ilustrar los impactos jurídicos, fiscales y financieros de las distintas clases de traslados entre los regímenes que integran el Sistema General de Pensiones y en ella el Ministerio de Hacienda, Colpensiones, el Banco de la República, Asofondos y expertos alertaron, casi de manera general, sobre el alto costo que representan para el Estado dichos traslados, así como la cantidad de procesos en marcha.

Cabe mencionar que, en la actualidad, las personas a las que les faltan menos de 10 años para pensionarse no pueden cambiar entre regímenes. Teniendo en cuenta que la edad de pensión para hombres es de 62 años y la de mujeres de 57, ellos pueden cambiar de régimen de pensión hasta los 52 y ellas hasta los 47.

Impacto fiscal

Así las cosas, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que habría un impacto fiscal en Colombia muy grave, de aprobarse el traslado express en el fondo de pensiones para las finanzas públicas del país.

Así mismo, el funcionario explicó que las demandas por el traslado de régimen pensional tienen un costo de 6,3 billones de pesos y tendrían un costo de aproximadamente 35 billones de pesos.

Agregó que “el costo fiscal es alto, ya que el Estado resultaría subsidiando con más de un 80 % a quienes se pensionen con más de cinco millones de pesos”.

Así mismo, esa cartera aseguró que la anulación de traslado de fondo pensional acarrearía también demandas de los pensionados que no alcanzaron a hacer efectivo el cambio, que podría llegar a 65.000 demandas, mientras que para el caso de los afiliados activos serían 223.306 las demandas proyectadas.

Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, de esta manera, para los procesos de los pensionados, habría un déficit fiscal proyectado de 18,5 billones de pesos, dato que sube hasta los 35 billones para los procesos de los afiliados activos. Entonces, el déficit fiscal sumado sería de 53 billones por permitir el traspaso exprés.

El Ministerio aseguró que permitir el traslado favorece a las personas que ganan más de cuatro salarios mínimos, quienes recibirían el 82 % de los subsidios que se entregan en el régimen público de jubilación, entre tanto, el costo por las multas que se le han venido imponiendo al sistema pensional ascienden a los 10,5 billones de pesos, según señaló.

“El 74 % de los subsidios en materia pensional son para los más ricos y están empeorando la distribución del ingreso en Colombia”, dijo, y agregó que “no vemos responsabilidad del Estado por omisiones del ciudadano en su deber de informarse”.

A su turno, Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, afirmó que en muchos casos se demanda la ineficiencia del traslado, sin tener una perspectiva clara de que la persona realmente vaya a pensionarse.

Aseguró que el 65 % de esas demandas fueron presentadas por mujeres y el 38 % de las mismas por personas que ya completaron las 1.300 semanas para pensionarse. Un elemento clave, dijo, es que el 5 % de los demandantes nunca estuvo ni en el Instituto de Seguridad Social, ni en Colpensiones.

"Llama la atención esta cifra porque demandan la ineficacia del traslado cuando el traslado nunca fue", dijo Villa, quien además indicó que ha presentado desde 2018 un incremento en las demandas. Añadió que la defensa de las demandas que se presentan asciende a los 14.000 millones de pesos.

El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro Trujillo, aseguró que no se brindaron las informaciones a los tutelantes y que no están de acuerdo con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, “lo más justo sería regresar a Colpensiones aquellas personas que en el momento de pasar a los fondos de pensiones tenían derecho a la transición, como que ya se ha planteado”.

Además, aseguró que el 80% de las personas afiliadas al régimen pensional no se pensionan, por lo que se necesita una reforma para cerrar esa brecha.

“Existe un derecho a la pensión, pero no el derecho a los subsidios de personas de altos ingresos que a lo largo de su vida han gozado de mejores condiciones laborales que la mayoría de personas”, aseguró.

Entre tanto, Clara Elena Reales, vicepresidenta de Asofondos, dio a conocer que actualmente hay 58 mil procesos contra fondos privados de pensión y señaló que el 45% de esos procesos corresponden a usuarios que tienen más de 1.300 semanas cotizadas, y que cuando tuvieron la oportunidad de trasladarse a Colpensiones, no lo hicieron.

De otro lado, el vicecontralor Julián Mauricio Ruiz reveló que el 17.5% de las personas que buscan su traslado al régimen de prima media, al estatal, tienen ingresos superiores a cuatro salarios mínimos mensuales.

Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado señaló que la mayor cantidad de traslados desde los fondos privados no beneficia a las personas más vulnerables, sino a los de mayores ingresos.

Según la Agencia, actualmente Colpensiones enfrenta 108.813 procesos con pretensiones por 3,9 billones de pesos. De estos, 45.819 tienen que ver con cambio de régimen pensional.

Así mismo, la agencia aseguró que 32.579 de esos casos están activos y tienen pretensiones por 1,22 billones de pesos, mientras que en 13.240 casos ya finalizados hubo condenas por 55.543 millones de pesos.

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que el traslado de las pensiones podría ahondar la difícil situación fiscal del país, además de aumentar la vulnerabilidad de la economía.

“Es claro que esos traslados van acompañados de unos recursos que, en el corto plazo, salen de las AFP y entran a las arcas de Colpensiones, aliviando temporalmente las finanzas de esta entidad y mitigando la magnitud del soporte presupuestal que debe hacer el Ministerio a Colpensiones”, inició Villar.

El gerente resaltó que, en el mediano y largo plazo, la iniciativa va a deteriorar y a poner en duda la estabilidad fiscal del país.

“El efecto neto de esos traslados es claramente negativo para las finanzas públicas y se convierte de esa manera en un incremento del pasivo que debe ser asumido por la Nación. Esto pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, a partir de una situación en la cual la deuda del Gobierno ya es alta y hay dificultades para moderarla”, dijo.

Otro de los aspectos negativos que tendría la medida, según Villar, es que aumentará la desigualdad que hay en el país, pues las personas de más altos ingresos serían quienes más se beneficien de estos traslados, porque van a tener subsidios a sus pensiones.

"Estos traslados pueden complicar en mayor medida la situación fiscal de mediano y largo plazo", y agregó que además se reduciría el ahorro nacional poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Las críticas

En su intervención, la senadora Angelica Lozano advirtió que “el sistema pensional es un fracaso” en Colombia y no cumple con el objetivo de pensionar a las personas que lo buscan.

La senadora aseguró que los traslados pensionales son responsabilidad económica de los fondos privados y deberán ser ellos los que se agoten las mesadas de las personas que lo solicitan.

“Nuestro sistema no pensiona. De cada 10 personas, dos logra pensión, tres acceden a subsidio como Colombia Mayor y cinco personas mayores no reciben absolutamente nada, están a su suerte porque no están beneficiadas del sistema”, dijo la senadora.

Lozano aseguró que el fondo de régimen pensional no funciona porque hay una competencia que está fuera de lugar, que debería ser complementariedad y dijo que el sistema privado tiene más del doble de personas que no alcanzan la pensión, lo que implica, según su criterio, que los fondos privados se benefician de manera irregular.

Juan Carlos Wills, representante a la Cámara, aseguró que bajo el argumento del impacto fiscal no se quiere corregir un error y dijo que "por 20 años no existió la doble asesoría para las personas que se trasladaron a los fondos privados y ahora sufren la mal liquidación de su pensión".

Añadió que, "estamos obligando a la gente a que contrate un abogado para que puedan cambiarse de régimen pensional, es decir, los estamos revictimizando".

De acuerdo con las cifras que mencionó el congresista, Colpensiones se está gastando 1.500 millones de pesos mensuales en promedio, en una defensa judicial por las acciones a las que acude la gente para lograr cambiarse de régimen.

Así mismo, el presidente de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, Omar Ángel Mejía, hizo fuertes cuestionamientos a los fondos privados de pensiones por la manera en la que, en el pasado, ‘convencieron’ a los ciudadanos para trasladarse del sistema público al privado, lo que estaría llevando a este tipo de demandas.

“Se limitaron a informar a sus eventuales clientes o consumidores financieros la característica resumida del régimen, sin informarles los eventuales riesgos que en el futuro podría acarrear ese cambio, pues actualmente muchas de esas personas no recibirían los dineros que esperaban para su vejez", aseguró.

En ese mismo sentido, la procuradora delegada Diana Margarita Ojeda, recordó que cuando llegó la Ley 100 y los fondos privados de pensiones “el ataque fue duro contra el seguro social” y añadió que “a las personas sólo le informaban que podían acceder a una pensión mucho más joven y rápido”.

La delegada añadió que la Corte ha fallado varias tutelas otorgando el traslado a Colpensiones porque aún persiste la falta de información por parte de los regímenes pensionales sobre el traslado de un régimen a otro.

“En todos los casos revisados la información suministrada nada trató o dijo sobre las desventajas o perjuicios que implicaban el traslado hacia el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) en razón a los drásticos cambios en las prerrogativas pensionales en puntos a los montos y valores", añadió.

Teniendo en cuenta que son muchos los ciudadanos que quieren participar en este tema tan controversial e importante, la Corte concederá hasta el 8 de noviembre para que se presenten las intervenciones escritas que consideren pertinentes.