Los argumentos del Tribunal para condenar a la Nación por avalancha de Mocoa
El Tribunal administrativo de Cundinamarca halló responsables a la Nación, a la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo, (UNGRD) y a la Corporación Autónoma del Amazonas, Corpoamazonia, por la avalancha que desencadenó la tragedia ocurrida el 31 de marzo de 2017, en el Municipio de Mocoa Putumayo, la cual dejó aproximadamente más de 330 muertos, 400 heridos y múltiples damnificados y desaparecidos.
La decisión se adoptó como resultado de la demanda de reparación directa interpuesta por el ciudadano Jorge Armando Gaviria López, quien argumentó que las entidades debían responder administrativa y patrimonialmente, por no realizar las medidas preventivas para evitar la avalancha que causó la muerte de varias personas.
El Tribunal consideró que, de un lado, hubo varios estudios previos que permitían concluir que existía un riesgo latente, como el Plan de Ordenamiento Territorial, el Convenio Interadministrativo 596, y, sobre todo, las declaraciones del representante a la Cámara Orlando Guerra de la Rosa, quien en los años 2015 y 2016 sostuvo:
“La capital Mocoa tiene un problema gravísimo, puede haber una catástrofe cualquier día de estos, cualquier noche de estas”.
Por otro lado, el Tribunal estableció que si bien el juez de primera instancia tenía razón en que al tratarse de un desastre natural hay una dificultad para prever el evento, en este caso no fue así, puesto que existía la posibilidad de haber prevenido el desastre.
Al respecto, sostuvo: “En el caso concreto no se trataba de un asunto imprevisible pues solamente del informe o relación de eventos naturales del municipio de Mocoa, expedido por Corpoamazonía, se relaciona 46 avenidas torrenciales producidas por los ríos de Mocoa, Mulato, Sangoyaco, Repino, Rumiyaco, Quebrada Turquía, así como 50 eventos por inundaciones y 99 deslizamientos”.
Agregó que: “los hechos del 31 de marzo de 2017 eran plenamente previsibles para las autoridades administrativas del municipio, y pese a lo anterior ninguna ejecutó labores tendientes a salvaguardar la vida e integridad de los pobladores de las áreas amenazadas.”
El Tribunal consideró que se configura la responsabilidad por omisión del Estado, representado por las autoridades territoriales, a título de falla en servicio.
Por lo tanto, resolvió condenar a la Nación, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de La Amazonia (Corpoamazonia), al Departamento de Putumayo y Municipio de Mocoa, por los hechos ocurridos y les impuso la obligación de indemnizar a los familiares de las víctimas.
