Consejo de Estado admitió demanda contra pilotos de fracking en Colombia
El Consejo de Estado admitió la acción judicial interpuesta por los congresistas Katherine Miranda y César Ortiz Zorro, de la Alianza Verde, y César Pachón del Mais, que busca derogar el decreto 328, que permite el desarrollo de planes piloto de fracking con fines investigativos en el territorio nacional.
La demanda fue aceptada por simple nulidad y no por ser inconstitucional, abogando al principio de precaución, es decir, que de lograrse que el Consejo de Estado ordene la anulación de la norma, el Gobierno Nacional podría crear una nueva, en la que se ajuste a las recomendaciones hechas por el tribunal.
A partir de la fecha, el Gobierno deberá responder dentro de los siguientes 30 días, sobre las características de fondo de los proyectos que se ejecutarán. Miranda explicó que esta es una de las intenciones del litigio.
“Lo cierto es que los pilotos de fracking que propone el Gobierno Nacional están lejos de tener fines científicos y de investigación, la norma va en contra del principio de precaución en materia ambiental, por eso, solicitamos que se declare la nulidad del decreto por inconstitucionalidad”, indicó.
Dentro de las medidas cautelares que solicitaron los congresistas está la de suspender cualquier acción que permita un avance de esta técnica de extracción petrolera en el país.
En Santander, Óscar Sampayo, miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking, aseguró que celebran el pronunciamiento, pues la región sería un laboratorio para esta práctica. No obstante, aclaró que “esperamos que el alto tribunal haga un pronunciamiento definitorio que impida de una vez por todas, que se haga fracking en la región. No podemos permitir que se afecte el recurso hídrico que es lo más preciado que tenemos”.
En este departamento, según el ambientalista, las empresas Ecopetrol y Exxon Móvil han manifestado su intención de implementar el fracking en los corregimientos Puente Sogamoso y La Lucha en Puerto Wilches; en el Llanito, El Centro y La Fortuna, en Barrancabermeja; y en Cimitarra. Entre otras cosas, porque las comunidades de dichos municipios han advertido sobre acercamientos de la Agencias Nacional de Hidrocarburos, para socializar los detalles técnicos y científicos de la técnica.
Pese a la admisión de la demanda, aún se espera que el Consejo de Estado confirme si acepta o no, las medidas cautelares.
