Estas son las principales decisiones judiciales que marcarán el 2022
Este año varios procesos judiciales están por resolverse en el país. Algunos de ellos han generado polémica y otros muchas expectativas ante los pronunciamientos de los jueces y magistrados, ¿qué casos marcarán este 2022?
El primer caso es la despenalización o no del aborto en la Corte Constitucional. El alto tribunal evalúa las ponencias sobre dos demandas que aseguran que condenar a prisión a una mujer por interrumpir voluntariamente su embarazo viola sus derechos, sin embargo, este debate como lo recuerda la asesora Legal del Centro de Derechos Reproductivos, Cristina Rosero, se ha atrasado por diversas recusaciones que han atrasado por más de un año la decisión final en este caso.
Las ponencias que se estudian son las de los magistrados Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo quienes estarían de acuerdo con despenalizar el aborto, ya que cuando este procedimiento se hace de manera ilegal, ocasiona riesgos para la vida y salud de las mujeres, especialmente para aquellas de escasos recursos, e impone una carga extra sobre las mujeres, que incluso para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales permitidas desde 2006, el feto tiene malformaciones, la vida de la madre este en riesgo o el embarazo sea producto de una violación, se encuentran con múltiples barreras.
Mientras tanto, el Consejo de Estado decidirá si le da vía libre o no al fracking, aunque el Gobierno insiste que de esta manera se garantizará la soberanía energética de Colombia, el alto tribunal continúa estudiando la ponencia mientras mantiene las medidas cautelares para no realizar esta práctica.
De hecho, tal como indica Amarilys Llanos, miembro de Alianza Colombia Libre de Fracking, son varias voces desde la academia y la Procuraduría General de la Nación que piden que después de cuatro años de llevar en este debate, el Consejo de Estado no permita esta práctica en el país, pues habría riesgos para la salud de los seres vivos y graves daños ambientales.
Otro proceso que seguirá este año es el del contratista Emilio Tapia y los implicados en el escándalo de Centros Poblados, quienes como recordó el abogado Ricardo Burgos, se apropiaron de más de 70 mil millones de pesos de un contrato que tenía como fin llevar internet a las zonas más apartadas del país.
Tapia ha insistido en su inocencia y ha asegurado que el contrato lo ganaron legalmente, sin embargo, ante la Fiscalía General reconoció que el dinero fue usado para gestionar la compra de un apartamento en Miami, Estados Unidos, y que a cambio de un preacuerdo con el ente acusador está dispuesto a entregar información sobre redes de corrupción de contratación en el país, pese a esto, la Fiscalía se encuentra evaluando esta opción y la última decisión la tendría un juez.
Precisamente por este mismo caso, la Corte Suprema de Justicia se pronunciará este año sobre la denuncia de la exministra de las Tic, Karen Abudinen, contra la congresista Katherine Miranda por usar la frase “que no nos abudineen el país”, refiriéndose a la corrupción, a lo que el abogado de Miranda, Miguel Ángel del Río, aseguró que se defenderán ante los estrados, ya que el alto tribunal investiga a la congresista por los delitos de injuria y calumnia.
Este año igualmente se espera que la Corte Suprema avale la extradición hacía los Estados Unidos del exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel. Según el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, toda la documentación restante está lista para realizar este proceso y que así este hombre responda en Norteamérica por delitos relacionados con narcotráfico.
Si la Corte Suprema avala la extradición, esta debe ser firmada por el presidente Iván Duque, y la defensa de Otoniel tendrá un plazo máximo de diez días para presentar un recurso de reposición o apelación, en caso de que no lo haga, las autoridades de Colombia y Estados Unidos empezarán los trámites para que sea extraditado a Estados Unidos, aún así, en las últimas horas, el alto tribunal acogió una tutela con la que las víctimas piden que 'Otoniel' no sea extraditado hasta que responda ante la justicia colombiana por delitos como homicidio y desplazamiento forzado.
En 2022 se definirá además si se precluye el proceso en contra del exsenador Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno como lo pide la Fiscalía General, o si se sigue adelante como lo solicitan las víctimas.
El abogado Francisco Bernate aclaró qué pasaría en cada escenario, sin embargo, para que exista una decisión final falta que el delegado de la Procuraduría terminé su exposición sobre si apoya o no la preclusión y una vez se pronuncien los abogados, la jueza se tomará unos días para dar a conocer la decisión, pese a ello, algunos juristas creen que no va a acoger la preclusión y por lo tanto el proceso continuaría.
Este año además también se avanzará o se definirán otros casos como el del precandidato presidencial Sergio Fajardo por supuestas irregularidades en contratación, los procesos por presunta corrupción del exmagistrado José Leonidas Bustos y el excongresista Richard Aguilar, el supuesto plagio en la tesis de la presidente de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias y los montos de las condenas de los responsables de los homicidios de Ana María Castro, el estilista Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández.
