¿Cuál es el fallo que generó polémica entre la Corte Suprema y Constitucional?
La Corte Suprema de Justicia le pidió a la Corte Constitucional que no reduzca los plazos que ese alto tribunal tiene para resolver las sentencias de casación, que es el recurso que tienen las personas que han sido procesadas para que su sentencia sea revisada.
Sin embargo, la Corte Constitucional redujo estos tiempos y por eso la Corte Suprema le solicitó que anule su determinación, pues con el cambio de reglas pueden prescribir casos que están en estudio por esa corporación.
La Corte Suprema además aseguró que la decisión de la Constitucional se dio “sin justificación alguna, y sin respetar su jurisprudencia”, y que no le permitió a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse sobre este caso.
"Al reconfigurar el problema en los términos indicados, la Corte Constitucional sorprende a la Sala de Penal de la Corte Suprema de Justicia”, se lee en el documento.
Igualmente, esa alta corte solicitó que se creen una serie de reglas para que sus fallos puedan ser revisados y se puedan pronunciar cuando sus decisiones son cuestionadas.
“La demandada nunca tuvo oportunidad de manifestarse al respecto, de expresar sus argumentos, destinados a fijar su postura, en las condiciones del caso concreto (...) Se permita a la corporación que profirió la decisión pronunciarse como un cuerpo en sede de revisión sobre la historia, la justificación argumentativa y la validez jurídica de la jurisprudencia que está siendo objeto de análisis ante la Corte Constitucional”, le respondió la Suprema a la Constitucional.
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Agregó de la misma manera que "la aplicación de esta regla de procedimiento permitirá que, mientras se le garantiza a la ciudadanía el acceso a medios destinados a proteger sus derechos fundamentales, se respete la experticia técnica de cada una de las Altas Cortes, se resguarde la seguridad jurídica y se fortalezca la confianza en las instituciones encargadas de administrar justicia en el marco de su autonomía e independencia funcional".
De acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, cinco años es el plazo para que la Corte Suprema resuelva las casaciones, tiempo que se empezará a contar desde la notificación de la sentencia de segunda instancia en un proceso penal.
Este choque de trenes se dio cuando la Corte Constitucional conoció la tutela del agente de policía Ariosto Orozco Fontalvo quien, en 2008, le disparó a un civil y le produjo la muerte; aunque fue absuelto, la Corte después confirmó la condena a seis años de prisión por lo que la defensa del uniformado pidió que el caso se estudiara.
En la tutela que la Corte Constitucional revisó, el abogado del agente de Policía aseguró que mientras la casación fue resuelta pasaron 14 años y 12 días por lo que el caso ya estaba prescrito y, por lo tanto, la Corte Constitucional ordenó a la Corte Suprema emitir un nuevo fallo decretando la prescripción y ordenando la libertad del uniformado.
