Procuraduría abrió indagación al canciller Álvaro Leyva por crisis migratoria
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa al canciller Álvaro Leyva y al viceministro, Francisco Coy, porque supuestamente omitieron aplicar la Política Integral Migratoria respecto a la población que atraviesa el Tapón del Darién y que se encuentran ubicada en los municipios de Necoclí, Acandí y Capurganá, para atravesar la frontera entre Colombia y Panamá.
Los funcionarios tendrán que responder por qué, supuestamente, dejaron de implementar las acciones para mantener en funcionamiento el Centro de Atención Sanitario, que beneficiaba a quienes ingresaban al país por el oriente.
Igualmente, el ente de control explicó que esta indagación también cobija al director general y la subdirectora de control migratorio de la Unidad Administrativa de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva y Martha Hernández Arango, respectivamente.
“Los funcionarios habrían dejado de ejecutar de manera efectiva la Política Integral Migratoria en el Tapón del Darién y de realizar un control efectivo de la población migrante en los municipios previamente mencionados, hecho que podría ser un riesgo para la seguridad nacional”, advirtió el Ministerio Público.
Días atrás, la Procuraduría alertó que es grave la situación de los migrantes en el Tapón del Darién, pues allí se encontró que personas de diferentes nacionalidades intentan atravesar este punto para llegar a Panamá, exponiéndose a ser víctimas de diferentes delitos o a quedar en manos del Clan del Golfo.
Para el año 2023 han salido por la región de Urabá (Necoclí – Turbo) 370.613 personas y entre 2018 y 2023, entre muertos y desaparecidos en el Tapón del Darién existe un registro de 258 personas.
“Entre Necoclí y Acandí cada migrante debe pagar un valor de 350 USD. Luego, entre Acandí y la zona de frontera, 150 USD. Total aprox. 500 USD hasta frontera con Panamá (…) Al parecer, existen hoteles, sitios de posada y casas dispuestas para alojar determinada población: chinos y haitianos principalmente”, explicó el Ministerio Público.
Adicionalmente, se ha conocido que, en los últimos días, algunos migrantes han sido obligados a pasar cargamentos de cocaína o a complacer sexualmente a traficantes para obtener beneficios mientras pasan hacía Panamá.
