Por ejecuciones extrajudiciales indígenas del pueblo wiwa piden a la JEP sanciones a militares
En el marco de la notificación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolución de conclusiones del Caso 03, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública, en el municipio de San Juan del Cesar en La Guajira, víctimas del pueblo indígena wiwa piden que al momento de sancionar a los militares responsables de las ejecuciones extrajudiciales, no dejarlos ingresar al territorio al igual que, retirar a las tropas que se encuentran en uno de los cerros sagrados.
Se trata de militares que pertenecían a la décima brigada blindada batallón la Popa de Valledupar.
Camilo Oñate, hermano de una de las víctimas asesinado por militares manifestó “A la JEP le pedimos que puedan hacer sus sanciones fuera del territorio con los responsables, pero no los queremos porque ya no confiamos en ellos. No sabemos cuáles son sus pretensiones, a menos que sea para trabajos de limpieza espiritual con los mamos y las sagas como símbolo de perdón, pero realmente no los queremos dentro del territorio, los daños causados por ellos fueron tan grandes que nos empobreció”.
Retirar las tropas del cerro del Oso, territorio ancestral del pueblo wiwa y que se encuentran en medio de los cerros, ya que aseguran que la presencia de los militares continúa generando temores entre las comunidades que están cerca del cerro, es otra de las peticiones de la etnia a la JEP.
Pedro Loperena, líder y defensor de derechos humanos del pueblo wiwa, señaló lo que conllevo a la investigación de estos casos: “las víctimas de los militares, dos eran menores de edad que no superaron los dieciséis años, una menor de trece años fue secuestrada y asesinada en estado de embarazo”. Situación que generó cambios grandes en la vida y al interior del pueblo wiwa, tales como la desarmonización.
Esta conclusión de las investigaciones presentadas por la JEP a familiares de las víctimas lo celebraron, Camilo Oñate manifestó “claro que estamos muy satisfechos por que por fin se demostró que mi hermano no era paramilitar”.
Sin embargo, Loperena indicó que estas investigaciones para dar a conocer la verdad sobre los falsos positivos fueron gracias a sus luchas, que dio inicio desde el 2005 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al estado colombiano proteger la vida y la integridad del pueblo wiwa, tras las fuertes afectaciones de paramilitares en sus territorios la cuales se encontraban en riesgo.
De acuerdo con la Notificación de la JEP, los militares cometieron 12 ejecuciones extrajudiciales contra miembros del pueblo wiwa ubicados en san Juan del Cesar, de las cuales nueve son integrantes del pueblo kankuamo de la sierra nevada de Santa Marta.
