Arias Cabrales fue condenado por la Justicia ordinaria por el delito de desaparición forzada en los hechos relacionados con el asalto armado al Palacio de Justicia.
La Procuraduría abrió investigación contra los gobernadores de Sucre y de Arauca por presuntas irregularidades en el desarrollo de proyectos dentro de sus departamentos.
Según la Fiscalía, la banda comercializaba ilegalmente y de forma alterada opioides y medicamentos de uso controlado para tratar pacientes psiquiátricos.
Esta cooperación contra la piratería se da luego de dos eventos importantes para Latinoamérica como son la aprobación del manual de recomendaciones para enfrentar la piratería.
La Procuraduría instauró queja disciplinaria contra la juez por presidir una audiencia pública sin cumplir las disposiciones sobre el uso de la toga y atención respetuosa
