¿Qué está haciendo Colombia para eliminar la violencia contra la mujer?

De acuerdo con el Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal, solo en el 2021, 993 mujeres fueron víctimas de homicidio en Colombia, 95 casos más de los registrados en 2020, que fueron 898 casos; de  22.607 exámenes realizados por la entidad por presunto delito sexual, el 88 % de las víctimas, es decir 19.793, eran mujeres; así mismo, 30.436 mujeres fueron víctimas de violencia de pareja, 3.966 más de lo registrado en 2020, que fueron 26.470, cifras que evidencian que Colombia sigue teniendo una asignatura pendiente frente a poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. 

No obstante, el país avanza en la implementación y desarrollo de leyes, acuerdos internacionales, estrategias, programas e iniciativas enfocadas a prevenir y eliminar los distintos tipos de violencia, propender por los derechos de las niñas y mujeres. 

Algunos ejemplos son la Ley 1257 de 2008, "por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, que tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización”. 

Y la cual parte de definir la violencia contra la mujer entendida como “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”, con el objeto de brindar la protección y atención integral de las mujeres a través de la información, prevención, orientación, protección, sanción, reparación y estabilización.

También te puede interesar: Más de 140 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Colombia durante 2022

Así mismo, la Ley 1719 de 2014 por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, que pretende garantizar, entre otros aspectos, el no ser discriminadas en razón de su pasado ni de su comportamiento u orientación sexual, que se preserve en todo momento la intimidad y privacidad manteniendo la confidencialidad de su información y la de su familia, ser atendidas por personas formadas en Derechos Humanos, y enfoque diferencial, y ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia o intimidación, directa o sobre sus familias o personas bajo su custodia.

De igual forma, la Ley 1761 de 2015, más conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, “por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo”, que tiene como objeto “garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación”. 

Lee también: Gobierno creó un grupo élite de inspección laboral por la equidad de género

Ahora bien, aunque estas normas representan importantes progresos y un marco sólido que permita garantizar los derechos de las mujeres, siguen existiendo desafíos para su plena aplicación. 

“En los últimos 10-15 años, Colombia se ha actualizado y ha producido jurisprudencia para la atención, la judicialización y la prevención de violencias basadas en género, sin embargo, a la hora de aplicar este tipo de justicias hay una gran limitante con respecto a los operadores de justicia que tienen las herramientas jurídicas pero no tienen una perspectiva de género; su manera de mirar el delito y la situación que vulnera los derechos de mujeres no tiene una perspectiva de género que les permita problematizar las formas de violencia de una sociedad patriarcal y machista como la nuestra, lo que hace que la impunidad siga siendo altísima”, señala Clara Carreño, docente del programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle. 

Otros esfuerzos

Una de las estrategias que ha implementado Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de la Mujer, es la Línea Púrpura, una línea telefónica gratuita atendida por un equipo de mujeres psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras, que funciona las 24 horas, todos los días del año y es dirigida a mujeres mayores de 18 años que identifiquen estar viviendo una situación de violencias, a la que también se pueden comunicar las personas que tengan conocimiento de una situación de violencias.  

Esta línea, que no es un canal de emergencia ni denuncia, presta los servicios de atención y acompañamiento psicosocial, orientación e información sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia, los mecanismos y rutas para hacerlos efectivos, los servicios disponibles para su atención y protección integral, así como de las entidades encargadas de la prestación de dichos servicios para casos de violencias contra las mujeres con ocurrencia en el espacio público y/o privado, situaciones que generen malestares de salud asociados a las violencias contra las mujeres, oferta institucional para la garantía de los derechos humanos de las mujeres, derecho a la salud, con énfasis en los derechos sexuales y derechos reproductivos (métodos de anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo).

Para acceder al servicio de la Línea Púrpura solo se debe marcar a los números: 300 7551846 o  018000112137.

Te puede interesar: Bogotá, la ciudad con mayor inequidad salarial entre hombres y mujeres

Otros ejemplos de esfuerzos para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas es ‘Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros’, una iniciativa de ONU Mujeres, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID- de la cual hacen parte seis capitales colombianas: Medellín, Bogotá, Cali, Villavicencio, Popayán y Pasto, a través de la cual las ciudades se comprometen a implementar estrategias eficaces para abordar el acoso sexual y otras formas de violencia sexual que ocurren contra mujeres y niñas en los espacios públicos. 

Popayán, por ejemplo, muestra avances con acciones de formación en derechos de las mujeres donde se incluyen contenidos orientados a la prevención y respuesta a la violencia y el acoso sexual callejero a través de talleres participativos dirigidos a hombres y mujeres de todas las comunas y zonas rurales de la ciudad. 

De otro lado, con empresas de transporte público y personal de Policía se realizan procesos de formación orientados a desnaturalizar el acoso sexual callejero, a partir de la identificación de los elementos constitutivos de la violencia y el acoso sexual, y se reflexiona entorno a les estrategias para su eliminación. Con la policía se aborda la responsabilidad y compromiso como primer respondiente a este tipo de hechos. 

Lee también: ‘Mujeres que transforman’: un audiovisual para no olvidar a las víctimas de violencia sexual en el Meta

Es de resaltar también programas que implementan las Instituciones de Educación Superior del país, como UDiversidad, una iniciativa de la Universidad de la Salle, que busca promover una institución libre de violencias de género y velar por el reconocimiento y el respeto de la diversidad, el cual trabaja bajo tres líneas de acción: el Centro de Escucha, la Escuela de Género y la implementación del protocolo.

El Centro de Escucha brinda atención psicosocial a todas las personas que se pongan en contacto y compartan su caso. Por su parte, la Escuela de Género pretende sensibilizar, prevenir y crear una cultura de respeto por la diversidad y la dignidad humana, mientras que con el protocolo para la Atención y Prevención de Violencias basadas en género se busca prevenir y atender las violencias de género, promover la no repetición de las mismas, y garantizar a todos los miembros de la comunidad universitaria las condiciones necesarias para su desenvolvimiento libre en el claustro educativo.

“Hablar de violencias de género nos permite atender el sufrimiento de personas que están implicadas en diferentes situaciones de violencia, además, denunciar es un acto de valentía ya que hay mucho estigma y temor a ser señalados o tener un título de víctima”, afirma Andrea Ascuntar Henao, coordinadora de UDiversidad.

Bajo estas perspectivas, para ONU Mujeres, la erradicación de la violencia contra las mujeres contribuye indefectiblemente a sociedades más productivas y con mejores índices de desarrollo, en tanto se disminuyen los enormes costos sociales y económicos que todas las formas de violencia implican para las personas, familias, comunidades y sociedades.