La decisión la tomó la funcionaria judicial, ya que la Fiscalía General de la Nación no habría mostrado las pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de los capturados.
El alto tribunal aseguró que ni la Presidencia de la República, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores han desconocido los derechos fundamentales de los colombianos detenidos en Haití.
