La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó a cinco integrantes de la comunidad LGBTI como víctimas del conflicto, en el marco del caso que investiga lo que sucedió en el suroccidente del país.
Los miembros de la comunidad LGBTI son del norte del Cauca y sur de Valle del cauca, víctimas de distintos delitos por parte de miembros de las extintas Farc y de la fuerza pública, según se explicó en un auto emitido por la Sala de Reconocimiento de la JEP, que aceptó la denuncia que había sido revelada por la Corporación Caribe Afirmativo el pasado 9 de marzo en un informe.
El alto tribunal indicó en el Auto 066 que “la discriminación contra la comunidad por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género constituye una grave violación a los derechos humanos. La diversidad sexual no puede ser un motivo de agresión ni de violencia en un Estado Social de Derecho que respete la dignidad humana y la democracia”.
La Sala accedió a las demandas de verdad solicitadas por las víctimas y reconoció a Alfredo Andrés Bula, subdirector de la Corporación Caribe Afirmativo, como su apoderado, permitiendo su participación en las versiones voluntarias adelantadas en el caso.
En un documento de 2015 del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), se reveló que de siete millones de víctimas registradas en la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas, 1.422 declararon ser parte de la población LGBTI.