Radiografía de los ríos protegidos en Colombia: una deuda pendiente
La Rama Judicial en diferentes fallos ha protegido a los ríos de Colombia por diferentes causas, sin embargo, sus decisiones no se han cumplido al 100% en la mayoría de los casos, lo que afecta a estos cuerpos de agua que atraviesan varios departamentos del país.
Uno de esos fallos fue el del Tribunal Superior de Medellín que determinó en 2019 que el río Cauca, su cuenca y sus afluentes, que riegan 180 municipios de siete departamentos del país, son sujetos de derechos. Este río es el segundo más importante del país. Su cuenca recorre más de 63.300 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional.
Aunque varias órdenes se dieron para su protección, de acuerdo con Marco Antonio Suárez, director general de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca, si bien hay progresos para cumplir la sentencia totalmente se necesita más recursos.
Otro fallo clave para la protección de los ríos se dio en 2017, cuando la Corte Constitucional reconoció al río Atrato, que recorre gran parte del departamento de Chocó, como sujeto de derechos y elemento fundamental en la vida de los pobladores de la zona que dependen totalmente de él.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de la comunidad porque la contaminación no aumente en el río, en los últimos años se ha percibido una disminución en la cantidad de peces que año tras año se podía sacar del mismo, además se ha detectado que sigue recibiendo basura y mercurio.
Años atrás, en 2014, el Consejo de Estado, ordenó la descontaminación del río Bogotá y evitar la contaminación a futuro, sin embargo, la magistrada Nelly Villamizar quien está sobre el caso más de una vez ha mostrado su descontento ante la situación, pues falta más compromiso para cumplir con las órdenes para evitar que el río siga siendo contaminado.
Otros avances en la protección de los ríos fue el cese definitivo de las actividades mineras en las cuencas de los ríos Combeima, Cocora y Coello, el fallo de la Corte Constitucional que protege al río Sinú en Córdoba y la protección al río Bita, así como la decisión de la Corte Suprema para proteger la Amazonía ante los altos índices de deforestación, que impactan gravemente en la lucha contra el cambio climático.
