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Tarifa diferencial en TransMilenio para universitarios: Gobierno exige aplicar acuerdo aprobado hace 11 años

El Gobierno nacional pidió cumplir el acuerdo que ordena reducir el valor del transporte para estudiantes de universidades públicas.
MinEducación presiona por tarifa diferencial para estudiantes en TransMilenio
X: @Mineducacion / Alcaldía de Bogotá
Radio Nacional de Colombia

El debate sobre la tarifa diferencial para estudiantes universitarios volvió al centro de la discusión política en Bogotá. Esta vez, el ministro de Educación, Daniel Rojas, lanzó un llamado directo a la Administración Distrital para que implemente una medida aprobada desde 2015 y que aún sigue sin ejecutarse.

Durante una sesión de la Mesa Multiestamentaria de la Universidad Pedagógica Nacional, el funcionario cuestionó que el Acuerdo 615, avalado hace más de una década por el Concejo de Bogotá, permanezca sin aplicación pese a que establece beneficios en el costo del transporte público para estudiantes de instituciones oficiales.

“Se eligen alcaldes y se aprueban acuerdos para que sean aplicados en beneficio de la ciudadanía, no para que reposen en un cajón”, afirmó el ministro.

¿Qué exige el Gobierno sobre la tarifa diferencial?

La propuesta contempla reducir el costo del transporte para estudiantes de universidades públicas de Bogotá, una demanda que durante años ha sido impulsada por organizaciones estudiantiles y sectores académicos.

El Ministerio de Educación sostiene que la medida tendría impacto sobre estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Nacional de Colombia, el Colegio Mayor de Cundinamarca, el SENA y el Instituto Técnico Central La Salle, entre otras instituciones públicas de educación superior.

La discusión reaparece en medio de las crecientes presiones por el costo de vida en la capital y las dificultades económicas que enfrentan miles de estudiantes para sostener sus procesos académicos.


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¿Por qué el acuerdo sigue sin aplicarse?

Aunque el Acuerdo 615 fue aprobado en 2015, su implementación ha quedado rezagada entre discusiones presupuestales y cambios de administración en Bogotá.

Desde el Gobierno nacional consideran que la falta de ejecución refleja una desconexión entre las decisiones aprobadas por las corporaciones públicas y su aplicación real. El pronunciamiento del ministro también deja ver un componente político: aumentar la presión sobre el Distrito para responder a una exigencia histórica de las universidades públicas.

El Ministerio anunció apoyo jurídico y técnico para acompañar las mesas estudiantiles y construir propuestas normativas que permitan hacer efectiva la medida, incluso extendiendo la discusión hacia municipios vecinos de la capital.

Además del debate sobre transporte, Daniel Rojas cuestionó los señalamientos contra las movilizaciones universitarias y pidió evitar estigmatizaciones hacia quienes respaldan estas exigencias.

“No estigmaticen a los estudiantes de las universidades públicas de Bogotá. No son vándalos quienes exigen sus derechos”, expresó.

Con ese mensaje, el Gobierno buscó reforzar su respaldo político a los sectores estudiantiles y presentar la tarifa diferencial como una medida de equidad social, más que como un beneficio excepcional.

De concretarse, la reducción en la tarifa del transporte podría aliviar parte de los gastos diarios de miles de estudiantes que dependen de sistemas como TransMilenio para movilizarse hacia sus centros educativos.

Para sectores universitarios, la discusión no solo pasa por el valor del pasaje, sino por garantizar condiciones mínimas de permanencia en la educación superior pública en medio de las dificultades económicas que afectan a buena parte de la población estudiantil en Bogotá y la región.

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