50 años del golpe militar en Chile: la historia que no se olvida
En la década del sesenta, con las guerras de liberación, Vietnam y Argelia, y los proyectos de revolución suscitados por el triunfo de los castristas en Cuba, la lucha armada fue vista como necesaria para derrocar gobiernos. En el contexto mundial está presente la guerra fría de las dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que cuidan sus feudos.
Por ello, la propuesta de lucha democrática, y de la toma del poder por la vía electoral que lanzó Salvador Allende, a la cabeza de la Unidad Popular, sorprendió y emocionó.
Allende era un médico socialista y se presentó cuatro veces a la elección presidencial. En 1970, encabezó una coalición llamada Unidad Popular, con el Partido Socialista, el Partido Comunista —fuerte en aquel entonces—; pero otros partidos social-demócratas ganaron, con el 36.6 % de los votos, lo que lo obligó, para ser refrendado por el Congreso, a firmar un estatuto de garantías que lo maniató para emprender reformas estructurales.
Intentó construir una sociedad más igualitaria, liberarse de la dependencia extranjera y recuperar los recursos expoliados por multinacionales.
El experimento terminó con un golpe militar sangriento. Se trató de un régimen de “seguridad nacional” que no solo se instaló en Chile, también en Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay.
Con el pretexto de la amenaza de un “enemigo interno”, fueron quedando miles de muertos, detenidos y desaparecidos. A ello se añadió la supresión de todos los partidos políticos y una feroz censura cultural. Igualmente, el modelo económico de estos regímenes se basó en el Consenso de Washington, o sea el neoliberalismo total.
Chile, como toda América Latina, fue influenciado por la Revolución Cubana y la epopeya del Che Guevara en Bolivia, desde donde soñaba con crear varios Vietnam; pero la idea de lucha armada no tuvo espacio en este país austral. Sí hubo movimientos de extrema izquierda, como el MIR, que trató de radicalizar el proceso, pero la hegemonía de socialistas y sobre todo comunistas impuso una línea que rechazaba la acción directa.
Por otra parte, la Democracia Cristiana era el más influyente partido en Chile, desde el mandato de Eduardo Frei, adalid de la Alianza para el Progreso, programa de Estados Unidos para hacer frente al avance de los proyectos revolucionarios en América.
Durante el gobierno de Allende, la Democracia Cristiana mantuvo su poder, jugando de manera ambigua a apoyar o a contradecir las decisiones del gobierno.
Pero Allende sostuvo directrices que no se apartaban en absoluto de la democracia: una economía con tres vertientes, la privada, la mixta y la pública con las industrias estratégicas, profundización de la reforma agraria iniciada por Frei, salarios dignos, protagonismo participativo de los trabajadores, y alimentación básica para los niños y sus familias.
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Obviamente, la nacionalización del cobre, votada por el Congreso en pleno, enardeció al gobierno norteamericano que, desde el momento de la elección de Allende, había declarado, a través de Kissinger, que no iba a aceptar su gobierno, poniendo en marcha las operaciones de la C.I.A., hoy oficialmente reconocidas, para desestabilizar y entorpecer el proceso en curso.
Estados Unidos desembolsó millones de dólares que fueron utilizados para crear desabastecimiento, paros de camioneros, e incluso paros de mineros afiliados a la Democracia Cristiana. Además, un trabajo de desinformación de la gran prensa, especialmente El Mercurio, alarmaba sobre el carácter “comunista” de cualquier acción del gobierno y el peligro en el que se encontraban la nación, la familia y los valores tradicionales. Esto caló no solamente entre las clases pudientes sino también en la clase media; así llegaron los cacerolazos contra el Allende.
El Ejército, y las otras fuerzas militares, con Pinochet a la cabeza (Comandante en jefe del Ejército, nombrado por el propio Allende en agosto de 1973), no dudaron, apoyados por Estados Unidos, en dar el golpe, bombardeando el palacio presidencial donde Allende resistió hasta que murió, acribillado o suicidado.
Pinochet llegó al final de su mandato tras un plebiscito en 1988. A partir de entonces, Chile pudo regresar a la democracia restableciendo el Congreso y abriendo más espacios de participación y pluralismo político, que habían sido acallados a la fuerza y con métodos a todas luces antidemocráticos.
La tragedia de Chile, vivida hace 50 años, hoy tiene un reconocimiento especial con la reactivación de la búsqueda de desaparecidos y la condena de militares responsables de estos hechos. Uno de los casos más conocidos ha sido el del cantante Víctor Jara, quien a pocas horas del golpe de 1973 fue detenido junto a cinco mil personas más en el estadio de Santiago, y torturado hasta la muerte. Recientemente, siete exoficiales del ejército chileno fueron condenados por la Corte Suprema de ese país a largas penas de prisión.
Desde el regreso a la democracia, Chile ha trabajado de manera decidida por la construcción de una memoria colectiva orientada a reconocer los graves daños que para el tejido social provocó el régimen militar. Así mismo, ha sostenido una dinámica democrática que ha permitido que tanto la izquierda como la derecha puedan gobernar. No obstante, múltiples tensiones se viven actualmente en torno al proyecto de construcción de una nueva constitución que reemplace aquella que fue elaborada por la Junta militar en 1980.
Estas tensiones develan que el sello del proyecto de Allende sigue vigente, a la vez que lo sigue el de Pinochet. Aun así, las vidas de más de 40.000 víctimas de asesinato, tortura y desaparición forzada y de más de 3.000 presos políticos y cientos de exiliados que dejó el régimen militar siguen siendo motivo de memoria y búsqueda.
