Migración fronteriza Estados Unidos-México: el Título 42 y otros golpes bajos a los derechos migratorios

Una decisión judicial frustró el desmonte del Título 42, a partir del 23 de mayo. Se trata de una norma sanitaria revivida por Donald Trump con el pretexto de evitar la expansión de la pandemia por Covid-19. Invocando esa norma, Estados Unidos ha negado el ingreso y protección a miles de migrantes y ha expulsado a otros hacia terceros países o a los de origen, poniendo en riesgo su seguridad e integridad personal.

Palo en la rueda

La decisión judicial se interpuso a los anuncios y preparativos administrativos y logísticos a los que se había comprometido el gobierno de Joe Biden garantizando protección a quienes cumplan requisitos, ajustando trámites y mitigando el riesgo de flujos migratorios masivos, caóticos e inseguros.

El gobierno había advertido que el desmonte del Título 42 no significaría renunciar a la potestad de negar el ingreso a quienes no demuestren razonablemente que necesitan protección en su territorio; expulsar a quienes no cuentan con permiso legal; y privar de la libertad a quienes ingresen de manera irregular.

La Ley migratoria se mantiene

En general, las normas diferencian entre personas adultas que ingresan solas, grupos familiares y menores no acompañados. Al solicitar asilo, los adultos solos deben superar la entrevista del “miedo creíble”, es decir, entregar información que permita inferir que sus vidas están en riesgo en su país de origen.

Para menores no acompañados, el gobierno tiene la obligación de asumir sus procesos en poco tiempo (72 horas o menos) ubicándoles con familiares u otras personas que les den acogida. Es importante resaltar que no aplica para menores mexicanos porque según la Ley de Víctimas de Trata de Personas, quienes determinan si están buscando o no protección son los agentes de la Patrulla Fronteriza. Muchos menores mexicanos son expulsados rápidamente y sin las garantías que se les reconocen a menores de otras nacionalidades.

En el caso de grupos familiares, las autoridades migratorias tienen restricciones: no pueden detenerlas por más de veintiún días. Deberían existir siempre opciones como dejarlas en libertad y vincularlas a programas alternativos a la detención, mientras avanzan los procesos de solicitud de asilo. Lo mínimo que debería tener todo persona que busca protección es no ser privada de la libertad, en cualquier lugar parecido a una cárcel.

‘Quédate en México’

Siguen en pie el programa ‘Quédate en México’ mediante el cual, durante el gobierno de Donald Trump, poco más de setenta mil personas fueron devueltas a ciudades fronterizas mexicanas, en espera de audiencias de asilo, sin que el gobierno azteca hubiera cumplido con brindarles trabajo, salud, vivienda y educación y garantías seguridad.

Biden suspendió el programa ‘Quédate en México’ pero una orden judicial lo revivió en diciembre pasado. Desde entonces, el mayor número de devoluciones compromete a ciudadanos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. La diferencia ahora es que se han otorgado excepciones a personas que han expresado temor de permanecer en México.

Subyace la incógnita de cuánta gente sigue esperando en México y qué tanta va a ser admitida bajo este programa. Si quien se presenta en la frontera no expresa miedo o determinación de estar buscando protección podría ser devuelto a su país de origen. Como siempre, estar en la frontera no garantiza que alguien merezca o necesite protección en los Estados Unidos.

El mundo ideal

En teoría, todo migrante debería ser admitido para, justamente, iniciar el procedimiento de solicitud de asilo. Recientes disposiciones permiten más celeridad en el proceso: quien toma la decisión preliminar no es un juez migratorio sino un agente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés).

Si en USCIS se niega el asilo, puede apelarse ante el juez migratorio. Aunque el objetivo es acelerar el proceso, se ha advertido el riesgo de que si se achican mucho los tiempos podría constreñirse la capacidad de buscar y contratar un abogado especializado y de recabar la información requerida.

En el mundo ideal, todo migrante debería ser admitido de inmediato en los Estados Unidos y no ser detenido mientras se le llama a la entrevista o a una audiencia migratoria. De nuevo, lo ideal es que la persona o un grupo familiar sean vinculados a programas alternativos a la privación de la libertad.

Un obstáculo grande es que no existe asistencia jurídica para cada caso. Solo existe apoyo del Departamento de Justicia a una red de abogados que pueden dar asistencia legal gratuita, aunque ésta no es una garantía plena. La evidencia muestra que un solicitante de asilo, sin asistencia legal, tiene menos posibilidades de ganar su caso. El proceso es complicado, en otro idioma y el acceso legal es crítico porque hay escasez de abogados y exceso de demanda. Sin asistencia jurídica es más difícil acreditar la preexistencia de circunstancias razonables para demostrar el riesgo en el país de origen.

Razones para la esperanza

La apuesta de la Administración Biden son programas alternativos a la detención, es decir, minimizar el número de solicitantes privados de la libertad. El reto, sin cárcel, es que el migrante tenga tiempo y capacidad. Aunque no son suficientes, existen grupos de apoyo a solicitantes detenidos para quienes las restricciones son mayores porque no hay acceso permanente a llamadas telefónicas y por las limitaciones propias de la detención.

Otra condición necesaria es mejorar la infraestructura en la zona de frontera, teniendo en cuenta que es muy posible que continúen este año los flujos migratorios masivos. Debería fortalecerse el trabajo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que ha estado apoyando a organizaciones y gobiernos locales con adecuación o construcción de infraestructura y con reembolsos de gastos de acogida. Con más personal podría garantizarse trato y condiciones dignas.

La reciente experiencia de admisión de más de mil ucranianos por día, demuestra que cuando hay voluntad política puede ser funcional y eficaz la reubicación de funcionarios en ciertas locaciones fronterizas. Es una buena opción para el Gobierno de Biden urgido de convencer al Congreso de que la frontera no está fuera de control. Entre los legisladores, hay demócratas que se resisten también a levantar el Título 42 y a admitir más migrantes –tema muy sensible frente a la contienda electoral de noviembre próximo–.

Pasos en la dirección correcta

De las amenazas a los migrantes, la imposición de aranceles a países si no colaboraban con la estrategia migratoria de Washington o el cierre y militarización de la frontera se ha pasado poco a poco al llamado para coordinar una estrategia regional integral e intercambiar información que permita tomar decisiones realistas y pragmáticas en tiempo real.

El gobierno de Biden ha apoyado y convocado dos reuniones ministeriales sobre migración: la primera en Colombia (octubre de 2021) y la segunda en Panamá (abril de 2022). En el marco de la próxima Cumbre de las Américas se espera una declaración regional sobre protección y migración. Hay luces de cómo actuar: el modelo de Colombia parece inspirar a otros países. Pero la estrategia regional podría venirse a menos si están ausentes países claves como Cuba, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala que son expulsores y corredores de paso de los flujos migratorios.

Ha sido un logro el desmonte de los ‘Equipos de Incidentes Críticos’ creados para evitar abusos de agentes estatales en la frontera, porque tristemente terminaron desviando investigaciones o protegiendo a los abusadores. Es un buen precedente para avanzar en estrategias de rendición de cuentas por parte de las fuerzas de seguridad y las autoridades migratorias.

Hay consciencia de que se puede hacer mucho para fortalecer el sistema de investigaciones internas; acabar con la cultura de abusos y ocultamiento; incentivar el control y la supervisión del Congreso sobre esas agencias; y exigir voluntad política para investigar los abusos y violaciones a los derechos de los migrantes.

La Base de Datos de Supervisión Fronteriza que acaba de crear WOLA apunta a estos objetivos: documentar las evidencias de los abusos, no como casos aislados sino generalizados en toda la frontera; identificar los vacíos en la información con el aporte de organizaciones y comunidades locales; fortalecer la capacidad de incidencia frente al gobierno y el Congreso de los Estados Unidos; e incentivar el debate público y mediático sobre la cultura xenófoba y la complicidad con los abusos.

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