Este miércoles el Perú amaneció con un presidente y recibió el anochecer con una nueva Presidenta, Dina Boluarte. Esas cosas suelen pasar en el vecino país que ha tenido seis Jefes de Estado en los últimos seis años. La Constitución peruana ofrece tales flexibilidades, que en criterio de los analistas políticos peruanos, son la fuente de una crisis política e institucional de nunca acabar.
Un nuevo episodio de esa interminable inestabilidad estaba previsto para este 7 de diciembre cuando el Congreso nacional, que sólo tiene una cámara en el Perú, se disponía a votar una moción de vacancia contra el entonces presidente Pedro Castillo. Los promotores del juicio político tenían en su poder las evidencias que demostrarían la “incapacidad moral” de Castillo para ejercer la Presidencia.
A decir verdad, la incapacidad moral puede ser cualquier cosa que la oposición justifique como suficiente para destituir a un Presidente de Perú. En el caso de Castillo, sobre su nombre pesan al menos seis investigaciones formales por parte de la Fiscalía que lo comprometen con actos de corrupción.
Una de las investigaciones en contra de Castillo lo pone en la cima de una sofisticada trama de corrupción para, presuntamente, favorecer a su familia y a políticos de su entorno más cercano con contratos de obras públicas hasta por un millón de dólares, algo más de 4.800 millones de pesos colombianos.
Pero la oposición, representada en su mayoría por los herederos del condenado expresidente Alberto Fujimori, le tenía a Castillo otra lista de cuestionamientos. Lo tildaron de traidor a la Patria por sugerir que Bolivia podría tener una salida al Océano Pacífico en la costa peruana y siempre criticaron su capacidad para conducir el gobierno, pues en un año, cuatro meses, 9 días y la mañana de este miércoles, tiempo que duró su gestión, fueron constantes los cambios de ministros y erráticas directivas.
El comienzo del fin
Aunque Castillo, un maestro rural de 53 años, se adjudicó la vocería de los sectores populares, campesinos e indígenas, los sondeos de opinión lo contradecían. En diciembre, la aprobación de Pedro Castillo llegó a 24%, dos puntos menos que en noviembre, según la encuesta de la firma Datum publicada por el diario Perú 21.
Por eso tres veces el madatario fue sometido a la moción de vacancia y salió airoso en todas las oportunidades. Hasta este miércoles. Una vez más Castillo se iba a someter al escrutinio del Congreso. Con 87 votos sería suficiente para suspenderlo de sus funciones, la oposición ya contaba con 80 y de los 50 congresistas restantes, se compondría la mayoría para sacarlo del Poder. Pero Castillo se les adelantó.
Pero a las 12 del medio día, apareció Castillo en la radio, la televisión y las redes sociales con traje azúl, corbata roja y camisa blanca, en el tono correcto para formar la bandera peruana, y sobre el atuendo, la banda presidencial coronada por el escudo que incluye las cumbres andinas y la llama, el emblemático y lanudo mamífero de esas tierras.
Tras lanzar dardos contra el Congreso, al que calificó de querer retirarlo del poder y con él, las causas del pueblo, Pedro Castillo quedó en la historia como el segundo Presidente de Perú en disolver el Congreso en los últimos 30 años. En abril de 1992, Alberto Fujimori hizo lo mismo en un capítulo de la historia peruana conocido como el “autogolpe”.
Fujimorazo 2.0
Con la memoria de 1992 fresca en la mente y en las bocas de los peruanos, la oposición, los medios de comunicación e incluso propios partidarios de Pedro Castillo calificaron la movida de “golpe de Estado”.
No contó ni para el Gobierno ni para la oposición el pedido de una comisión de la Organización de Estados Americanos que una semana antes había pedido una “tregua política” de 100 días, diálogo entre las partes y moderación para la prensa.
La OEA no logró influir para reducir las tensiones en el Perú. Ni en 1992 ni ahora en el año 22 del siglo XXI. El Congreso, que ya calentaba motores para votar la moción de vacancia, desatendió la orden que Castillo había lanzado desde el Palacio de Gobierno y mantuvo la agenda para destituirlo.
También desoyeron a Castillo las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y de inmediato quedaron al margen de la evidente ruptura constitucional: “Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”.
Con el paso de los minutos, Castillo iba quedando solo. Uno a uno los ministros de su gabinete iba anunciado su dimisión del Gobierno a través de Twitter y en cada trino aparecía una expresión de repudio por el acto de Castillo.
"El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe", dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez.
Castillo detenido y destituido
Jugadas sus cartas y ante la reacción desfavorable, Pedro Castillo se sacó la corbata roja y el blazer del traje, que cambió por una chompa de un azúl eléctrico. Con su exjefe de Gabinete, Aníbal Torres, que le sirvió de escudero, Castillo abandonó el Palacio de Pizarro, sede y residencia oficial de los Presidentes peruanos, por última vez. Un convoy de camionetas negras recorrió las calles de Lima, que iban llenándose de espontáneos para expresar alguna arenga a favor o en contra de los hechos.
Según versiones de prensa, la caravana fue detenida por el propio jefe de escoltas de Castillo y habría impedido que llegara a una sede diplomática donde el mandatario pretendía buscar asilo político. En la ruta, patrullas policiales interceptaron
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, participó en la detención, la misma funcionaria que recopiló las pruebas que lo vinculaban con actos de corrupción.
En simultánea, el Congreso nunca cesó sus funciones y votó de inmediato la moción de vacancia para retirarlo del cargo. La destitución de Castillo fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas. La votación se realizó en la sede del Congreso y fue transmitida en directo por la televisión a las 2 de la tarde hora local.
Perú tiene Presidenta por primera vez en su historia
Dos horas duró el vacío en el poder en el Perú. El Congreso convocó a la primera vicepresidenta Dina Boluarte al pleno de la cámara y allí, sobre su sastre amarillo, recibió la banda presidencial rodeada por un grupo de parlamentarios y con la presencia de altos oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía.
Los uniformados fueron aplaudidos por los líderes políticos en una muestra de gratitud por no acogerse a las órdenes que había emitido Pedro Castillo.
Entonces, la nueva presidenta Boluarte, una abogada de 60 años oriunda de Chalhuanca, que en el actual gobierno había ejercido como ministra de Desarollo e Inclusión Social, pasó a describir los hechos de la jornada.
“Se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta producida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia ni en la calle”, dijo.
Luego, llamó a la unidad nacional: "Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Señores, conversar, dialogar, como ponernos de acuerdo (es) algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso".
La retórica de la nueva presidenta Boluarte todavía no encuentra asidero entre los partidarios de Pedro Castillo, que al momento de cerrar este texto, estaban a las afueras de la Prefectura de Lima reclamando la libertad para el expresidente y se vieron implicados en confrontaciones con la Policía en el día cuando, una vez más, Perú tuvo un presidente por la mañana y por la tarde, lo cambió por otro nuevo.