Seis años de una firma que generó esperanza de paz en Colombia

El 24 de noviembre del 2016, fue la fecha que significó una nueva fase para Colombia, ese día en la capital de la República, Bogotá, se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos Calderón y las extintas Farc-EP, en cabeza de Rodrigo Londoño Echeverri. Dicho documento consta de seis puntos fundamentales en los que trabajaron las delegaciones de negociadores.

Punto 1: Hacia un nuevo campo colombiano, la reforma rural integral.

Punto 2: Participación política, apertura democrática para construir la paz.

Punto 3: Fin del conflicto

Punto 4: Solución al problema de las drogas ilícitas.

Punto 5: Acuerdo sobre las víctimas del conflicto.

Punto 6: Implementación, verificación y refrendación.

Con la puesta de la rúbrica de los líderes del Gobierno nacional en ese entonces y el comandante de las Farc, se depositó la ilusión de una nueva era de paz.

El proceso inició con una dejación de armas en Mesetas, Meta, por parte de los hombres y mujeres que hacían parte de componente armado de la entonces guerrilla, se crearon unos sitios transitorios denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, donde los y las firmantes de paz vivieron por algún tiempo mientas se empezaban a ejecutar proyectos productivos para generar ingresos y subsistir.

Otro de los puntos importantes y que de alguna u otra manera ha generado desarrollo a las zonas más afectadas por el conflicto armado, han sido los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales cobijan 170 municipios de los más golpeados históricamente por el conflicto, divididos en 16 subregiones. Según datos del gobierno del expresidente Iván Duque, a enero del 2022, las inversiones en estos municipios superaban los 12 billones de pesos en todos los componentes: educación, salud, agro, infraestructura vial, entre otros.

Firmantes y líderes sociales asesinados

A pesar de los avances por generar desarrollo y disminuir las brechas en estos territorios alejados y olvidados históricamente, la violencia ha continuado en estos últimos seis años; datos de Indepaz que es el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, aseguran que desde la firma del documento, han sido asesinados 1.327 líderes sociales y firmantes del Acuerdo, documentados entre noviembre del 2016 y marzo del 2022, siendo Cauca, Antioquia y Nariño los tres departamentos con mayor número de víctimas.

Emisoras de Paz

Dentro del punto de seis del Acuerdo, más exactamente en el 6.5, quedó consignada la creación de 20 emisoras de paz en los municipios que más sufrieron el rigor de la guerra, de las cuales al día de hoy están en funcionamiento 12 y las otras en proceso de conformación.

Un ejemplo es el municipio de Puerto Leguízamo en el Putumayo que hoy cuenta una emisora de paz, la cual sirve como canal de comunicación para toda su población.

Leguízamo, símbolo de paz

“En Leguízamo; el último y el más abandonado municipio del departamento del Putumayo, la emisora de paz es el único medio de comunicación que después de la firma del Acuerdo trabaja por la reconciliación social, el impulso a los emprendedores y el apoyo a las víctimas del conflicto armado”, afirmó la representante de la mesa local de víctimas Rosaura Figueroa.

Rosaura recuerda aquellos momentos en los que hace seis años, en los barrios, veredas y corregimientos de Leguízamo se hablaba de muerte y desplazamiento.

“Ahora, con la entrada al servicio de la emisora de paz la situación ha cambiado y con su equipo de periodistas se siente la armonía social. Desde hace un año las familias urbanas y rurales estamos bien informadas de todo lo que sucede en la región”, manifestó Rosaura sobre el dial 102.7 F.M.

“Desde hace seis años cuando se firmó el Acuerdo de Paz, sentimos que el dolor generado por el conflicto armado se está desvaneciendo y por eso es importante destacar aquellos proyectos estatales en los que se les está dando la mano a los emprendedores, a las madres cabeza de hogar, a los jóvenes y adultos mayores que en diferentes épocas padecieron por cuenta de la violencia”, dijo Rosaura.

La líder aseguranza que son muchos los beneficios que ha traído la puerta en marcha de la emisora de paz "porque a la vez que participamos en sus espacios, conocemos los avances de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, de la Reforma Rural Integral y de otras estrategias para favorecer a las zonas más afectadas por el conflicto armado”, argumentó.

Proyectos productivos

Subregiones como el Urabá antioqueño y el Darién chocoano, que fueron epicentros de grandes enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares, hoy ven transformación en sus territorios, municipios como Vigía del Fuerte, Antioquia, Carmen del Darién, Riosucio y Bojayá en el Chocó, cuentan con proyectos productivos liderados por víctimas del conflicto armado, los cuales consisten en la cría de animales, cultivos de frutales entre otros, generando una importante seguridad alimentaria.

Si bien los retos son amplios, algunos líderes convergen en que lo más importante es que los grupos armados entreguen las armas en su totalidad, para seguir generando espacios de paz y apoyarse en el turismo como un eje económico fundamental que genere más desarrollo económico a sus comunidades.

Uno de los pilares en la construcción de espacios de paz post acuerdo, ha sido la participación de la mujer. Cada día son más los grupos de mujeres que lideran procesos productivos, generando independencia económica y alimentaria, logrando también romper con las formas de violencia hacia ellas; ya que a través del empoderamiento, sus hijos e hijas hoy cuentan con futuros más promisorios de lo que ellas en algún momento no vieron debido al conflicto.

Edcuentanucación universitaria

Municipios como Bojayá en el Chocó, hoy con presencia de la Universidad Tecnológica del Chocó, que a través de programas de pregrado como Administración de Empresas y Licenciatura en Educación Física y Deportes han logrado graduar a decenas de jóvenes que han empezado a aportar sus conocimientos en pro de contribuir al desarrollo social de su territorio.

En el Urabá antioqueño es importante el avance en materia de educación, pues Apartadó hoy cuenta con un convenio entre la Administración municipal y la Universidad de Antioquia con el cual se construyó una sede del alma mater beneficiando a más de mil jóvenes de municipios como Apartadó, Turbo, Carepa, Chigorodó, Mutatá, entre otros, quienes podrán acceder a los 22 programas de pregrado que actualmente ofrece la Universidad de Antioquia.

Los retos son muchos, aseguran desde los territorios, cómo la construcción de centros de salud con elementos de primera necesidad y capaces de soportar emergencias de alta magnitud, así como profesionales idóneos en diferentes especialidades médicas, son indicadores que ayudarán a disminuir las brechas históricas de los territorios más afectados por el conflicto armado.

Reparación a las víctimas

En materia de víctimas la situación no deja de ser compleja; un informe en su novena edición, radicado al Congreso de la República por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, conformada por la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, asegura que aun en Colombia están pendientes por indemnización 8.813.711 personas.

No obstante, entidades encargadas de trabajar con la población víctima, han venido adelantando esfuerzos en los territorios llevando oferta institucional, aunque no se han cubierto por completo las necesidades de las poblaciones.