Según señala el Informe Final de la Comisión de la Verdad, la guerra en Colombia no solo confrontó grupos armados, también devastó las vidas de millones de civiles que nada tenían que ver con el conflicto armado, pero habitaban los territorios que estaban en disputa, entre ellos, las personas LGBTIQ+.
De acuerdo con lo expuesto en el capítulo titulado ‘Mi cuerpo es la verdad, experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado’, las violencias perpetradas por los distintos actores de la guerra colombiana no fueron aleatorias o aisladas, “pues se constató que los combatientes seleccionaron a estas personas porque eran consideradas “indeseables””.
La persecución que padecieron se centró en diferentes modalidades de violencias cometidas contra ellas como amenazas, desplazamiento forzado, exilios, violencias sexuales, homicidios y tentativas, desapariciones forzadas, esclavitud con y sin fines sexuales, secuestros y reclutamientos forzados, sustentadas tanto en los prejuicios por parte de los combatientes, como por la desprotección social y estatal.
El documento indica que las amenazas fueron la modalidad de violencia más frecuente en las víctimas LGBTIQ+, seguida por el desplazamiento forzado, el exilio, la violencia sexual- usualmente acompañada de amenazas, tortura y desplazamiento forzado-, así como el intento de reclutamiento forzado.
Vejámenes que se evidencian en relatos como el de Samira, actual lideresa trans de San Luis, Antioquia, víctima de un grupo paramilitar en Barranca de Lebrija (Cesar): “Me reclutaron para, supuestamente, volverme hombre, porque no estaba bien visto un marica en el pueblo, porque uno iba a dañar a los demás. Luego sufrí violencia sexual y tortura, aporreones, como dice uno. Primero me penetró ese comandante, que era una persona muy sádica y le gustaban los niños. Después de que se sació conmigo, me dejó a merced de todos sus hombres”.
Violencia desde todos los frentes
Cada uno de los actores armados: las Farc-EP, los grupos paramilitares y la fuerza pública, las hostigó con fines repertorios y formas diferentes. Las Farc-EP, por ejemplo, tenían como fin instrumentalizarlas para convertirlas en sujetos útiles para la guerra, y cuando esto no era posible o había un mal relacionamiento con las comunidades, el objetivo era aniquilarlas.
Por medio de la esclavitud y el reclutamiento, las obligaron a desempeñar trabajos forzados para beneficiarse de ellas, mientras que con las amenazas, el desplazamiento forzado y la violencia sexual buscaron expulsarlas de sus territorios.
Los paramilitares y los grupos posdesmovilización, por su parte, los persiguieron con el principal fin de aniquilarlas; de ahí que cometieran el mayor número de homicidios y desapariciones forzadas en las estadísticas conocidas por la Comisión. Asimismo, las amenazaron, desplazaron y violentaron sexualmente para que se fueran de sus territorios.
Adicionalmente, la fuerza pública buscó aniquilarlas para reafirmar el poder estatal mediante la obtención de resultados en la guerra y la imposición de controles a la vida civil, sobre todo con detenciones arbitrarias, violencia sexual y tortura.
En cuanto a los responsables, la Comisión determinó que la mayoría de las violencias de las que tuvo conocimiento fueron cometidas por grupos paramilitares, seguidos de guerrillas y, en tercer lugar, por la fuerza pública. Respecto a las violencias más recurrentes por actor armado, los paramilitares son responsables de la mayoría de exilios, violencias sexuales, torturas, homicidios, amenazas y desplazamientos forzados.
Por su parte, las insurgencias fueron los actores que más esclavizaron sin fines sexuales e impusieron trabajos forzados, reclutamientos y secuestros, mientras que la fuerza pública cometió la mayoría de las detenciones arbitrarias, según se lee en uno de los apartados del documento.
El Informe resalta, así mismo, cómo a los abusos y afectaciones cometidos por los actores del conflicto armado, se sumaron las agresiones ya vividas en las familias, en las comunidades, escuelas y demás escenarios, dejando múltiples secuelas.
De acuerdo con el documento de la Comisión de la Verdad, examinar los impactos de las violencias contra las personas LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado permite identificar traumas, crisis y duelos inacabados, de diversa índole: psicosociales, físicos, socioeconómicos, culturales, afectivos, familiares, educativos, dejando 5.360 afectados, según el Registro Único de Víctimas (RUV).
Para la entidad, la deuda política que tiene Colombia como Estado y sociedad con las personas LGBTIQ+ es enorme. “Han pasado décadas de desprotección, impunidad y aprobación social ante las violencias cometidas contra aquellas que fueron señaladas injustamente de “pecadoras”, “enfermas” y “criminales” porque les gustaba alguien de su mismo género o porque pasaron de ser “él” a ser “ella”, o viceversa”, dice el reporte.
Escucha aquí el octavo episodio del Informe Final de la Comisión de la Verdad, donde conoceremos parte de los impactos de las violencias contra personas LGBTIQ+; se abordan los impactos diferenciados, psicosociales, socioeconómicos, sobre la salud y la autonomía sexual y reproductiva, así como comunitarios y sociopolíticos.