Los retos de la búsqueda de la democracia en medio de la guerra

Para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, o Comisión de la Verdad, comprender el conflicto armado colombiano requiere revisar las continuidades y rupturas que ha tenido la violencia social y política en la conformación del Estado y entender, desde un enfoque histórico, cómo esos conflictos agrarios, culturales, étnicos, políticos e institucionales no resueltos explican, en parte, la guerra insurgente-contrainsurgente del último medio siglo.

Para abordarlo desde esta perspectiva, la entidad en el Capítulo 9 del Informe Final, titulado ‘No matarás, el primer mandamiento de la democracia colombiana’, en su punto 3 expone cómo en la búsqueda de la democracia se acentuaron distintas formas de “guerra sucia” en Colombia, haciendo un especial énfasis durante los años 80 e inicios de los 90, una época que se caracterizó por una “profundización del descontento social y consolidación de la insurgencia, con una respuesta represiva por parte del Estado colombiano”, señala el documento. 

El texto hace referencia a un periodo en el que se configuraron y fortalecieron los principales actores del conflicto: guerrillas, paramilitares, narcotráfico y Estado; donde, además, hubo un retorno de la competencia política, una pugna por abrir la democracia hacia un esquema más participativo con la descentralización y un gran cambio en la economía, pues el país pasó de ser cafetero a financiarse con los recursos naturales y, en el terreno ilegal, de la coca y otras rentas.

Sin embargo, esa búsqueda de ampliación de la democracia resultó ambigua, conflictiva y sangrienta. “La lucha por la democratización del país convocó a fuerzas disímiles que usaron estrategias diferenciadas. Hubo corrientes reformistas que buscaron no solo la paz, sino un cambio constitucional para dejar atrás el régimen conservador de la Constitución de 1886”, se lee en el documento. 

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En este punto 3 del texto histórico, la Comisión de la Verdad relata que a finales de los setenta, con el Estatuto de Seguridad( el régimen penal de seguridad promulgado y puesto en práctica por el gobierno de Julio César Turbay Ayala con el que que se pretendía hacer contrapeso a los grupos insurgentes, regular y prohibir la protesta social y frenar el crecimiento de los movimientos guerrilleros, otorgando facultades especiales a las Fuerzas Armadas para hacer detenciones y allanamientos sin orden judicial y para privar de la libertad a simples sospechosos); y luego a partir de 1985, con el surgimiento de la Unión Patriótica (UP) y sus primeros éxitos electorales, la guerra sucia se escaló en el país.

“La violencia en este periodo (1978-1990) estuvo dirigida especialmente contra los civiles, la mayoría de ellos campesinos y militantes de grupos sociales y políticos que enarbolaban banderas de justicia social, derechos humanos, espacio para la oposición política y, en menor medida, para militantes de las insurgencias. Fue un tiempo de permanente estado de sitio, con un incremento de violaciones a derechos humanos,  que obtuvo como respuesta la creación de un movimiento de defensores de estos derechos que el Estatuto de Seguridad no pudo desactivar y que en los años ochenta se transformó profundamente”, señala.  

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Hitos

A lo largo del contenido expuesto en el capítulo,  en la parte tres, la Comisión narra algunos hechos relevantes que marcaron un periodo complejo y difícil para Colombia, entre ellos:  

• La llegada a la Presidencia del conservador Belisario Betancur (1982-1986), quien reconoció que el conflicto armado tenía como origen la exclusión política y las “causas objetivas”, representadas en la desigualdad social, iniciando un proceso de paz cuyo objetivo central era buscar el tránsito de las guerrillas hacia la vida política y promover la descentralización. Y aunque no logró la firma de un acuerdo de paz, este sí se cristalizó con cinco grupos guerrilleros en 1991 en el gobierno de César Gaviria. 

• El surgimiento y fortalecimiento de los movimientos cívicos y sociales, que en 1985 estaban en su mayor pico y tenían una mayor relevancia en el escenario público; colectivos que también tuvieron pugnas entre quienes se mantuvieron en la civilidad y el pacifismo, y los que actuaron en convergencia con las insurgencias, bajo una concepción de combinación de diferentes formas de lucha, en un escenario de ambigüedad entre guerra y paz.
• La consolidación de un movimiento de derechos humanos cuyo eje fue la denuncia y la lucha contra la impunidad, con apoyo en redes internacionales como Amnistía Internacional, de donde surgieron diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) con el apoyo de notables intelectuales
• La búsqueda de la descentralización, especialmente desde los movimientos cívicos urbanos y regionales que propugnaban por la descentralización administrativa y financiera de los municipios, es decir, tener una mayor autonomía y resolver las principales necesidades de los territorios, teniendo como principal herramienta los paros cívicos. 
• Una expansión de la guerra, anteriormente localizada en regiones de histórica presencia guerrillera, donde las guerrillas adoptaron tácticas más ofensivas, mientras las Fuerzas Armadas optaron por formas móviles de combate, un enfrentamiento bélico intenso en el que predominó la guerra sucia.
• Un cambio en la estrategia del narcotráfico, con la cual se buscaba que los capos narcotraficantes fueran incluidos en la vida nacional y reconocidos como una nueva élite política financiando campañas electorales para obtener mayor influencia social y política. 
• La creación del MAS, el grupo Muerte a Secuestradores, un ejército privado fruto de una alianza entre la mafia, la fuerza pública y sectores económicos y políticos que se sentían afectados por la guerrilla, y al que se le considera el hito fundacional del paramilitarismo en Colombia. 
• Durante esta época, las guerrillas trazaron el plan estratégico para la toma del poder, la construcción de un ejército y “una armónica y organizada acción junto a las masas”, haciendo uso de las armas, a partir de un proyecto militar, aunque también definía la posibilidad de una salida política. El movimiento insurgente transitó dividido entre unos que apostaban por la insurrección armada y la revolución socialista, y otros por abrir la democracia a través de acuerdos de paz y reformas.
• Una tregua imposible. La firma en agosto de 1984 de un acuerdo de cese del fuego, no dio los resultados esperados. El Gobierno acudió al estado de sitio y con eso hizo inviable el manejo político de la tregua. Cada incidente ahondaba la desconfianza y, cuanto más se deterioraba el escenario para la paz, más se preparaban unos y otros para la guerra. 
• La toma del Palacio de Justicia. Los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia deterioraron las relaciones entre el Ejecutivo, los militares y la justicia, agudizando una crisis institucional. “Sus implicaciones fueron nefastas para la paz. Ese día se impuso la idea de proteger al Estado por encima de cualquier consideración humanitaria y se enterraron las posibilidades de ponerle fin a la guerra que apenas estaba en ciernes”.