Congresistas hacen llamado de atención a presidente Petro y fiscal Barbosa
Luego de la reunión entre el presidente de la República Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, en la que discutieron las diferencias frente a varios artículos de los proyectos de ley de reforma carcelaria y sometimiento a la justicia, desde el Congreso de la República se escucharon voces de inconformidad.
Congresistas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes le hicieron un llamado al presidente de la República y el fiscal general donde aclaran que la instancia definitiva para hacer cambios a los proyectos de ley es el Congreso de la República y no en reuniones privadas.
El representante a la Cámara, Diógenes Quintero advirtió que, sólo será el Congreso de la República el que defina a través de los debates de los proyectos de ley, en especial el de la reforma al sistema carcelario, cuáles serán las conductas que se despenalizarán en Colombia y que nadie más tiene la potestad para hacerlo.
"Y titulares como, que ya no va la despenalización de la inasistencia alimentaria, el insesto, y que ya no va el tratamiento diferenciado para los pequeños cultivadores de hoja de coca, y a mí me parece que eso es una falta de respeto con el Congreso de la República. Cuando un proyecto se radica, queda en manos del Congreso de la República", señaló el congresista.
La molestia de los congresistas se generó luego que el fiscal general anunciara que, tras la reunión con el presidente Gustavo Petro, se acordó que no se continuará con la propuesta de despenalizar los delitos de injuria y calumnia, así como la inasistencia alimentaria, como lo planteaba el Gobierno en el proyecto de ley de modernización del sistema carcelario.
Pese a los acuerdos alcanzados entre el fiscal general y el presidente de la República, sobre las diferencias de aspectos fundamentales de estos dos proyectos en materia de justicia, será el Congreso de la República la instancia que defina la modificación de los textos y determine si estas conductas siguen siendo tipificadas como delitos, o por el contrario se cambian a faltas disciplinarias, tal y como lo contemplan los proyectos de ley que ya fueron radicados en el legislativo
