En el debate de control político adelantado por la Plenaria Séptima del Senado, en horas de la mañana, se expuso la situación financiera del sector salud y algunos requerimientos del legislativo frente a la crisis de sostenibilidad de la red pública hospitalaria en Colombia.
Entre las preocupaciones expuestas en la Comisión están los Cargos de Pago por Capitación (UPC), lo que representa el acumulado de deudas por presupuestos máximos y aseguramiento.
Para Paula Acosta, presidenta de Acemi, “el sector de salud tiene problemas de financiamiento tanto para el cierre 2022 como para 2023, se requieren acciones urgentes del Gobierno Nacional para mitigar en lo posible los efectos negativos, el problema podría llegar a poner en riesgo la prestación de servicios de salud de la población”.
Frente a esto, la ministra de Salud, Carolina Corcho, explicó cómo funcionan los mecanismos financieros del sector y cómo los problemas estructurales que presentan ponen en riesgo la prestación del servicio.
“La UPC es un cálculo que se hace con respecto al último trimestre, el comportamiento de las frecuencias de uso hacia el último trimestre. Justamente hoy estamos terminando la discusión. Haría mal en estar haciendo planteamientos, nuevamente, sobre discusiones que en este momento estamos haciendo con Hacienda; pero tengan la certeza que el sistema no va a tener ninguna desfinanciación”, indicó la ministra, quien además aseguró que todo lo que se adelanta es con miras a una transformación del sistema.
De otro lado, entre otros problemas estructurales que manifiesta la jefe de la cartera de salud, es que las UPC no tienen ajustes por región que permitan una equidad en el sistema.
“No hay un cálculo que compensen las inequidades de los territorios. En los territorios más dispersos son más costosas las atenciones de salud, porque es más costoso el transporte y es más costoso pagar un intensivista en el Guainía que en Bogotá; eso no lo tiene en cuenta la UPC”, aseveró Corcho.
La funcionaria afirmó que “el sistema está diseñado para ser un barril sin fondo, en donde se privilegia la enfermedad, el alto costo. Lo mejor que le puede pasar a una EAPB es que la gente esté enferma, porque factura más contra el Estado. Todo lo contrario a un seguro privado”.
Finalmente, en su intervención habló del presupuesto máximo para el sector salud en 2023, el cual se estima esté cerca de los 3,8 billones de pesos extra al aumento de la UPC y al fondo de salvamento que tendrá que generar Hacienda para cubrir parte de la deuda del hueco fiscal que tiene el sistema.