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Presidente Petro pidió denunciar por prevaricato a magistrado del Consejo de Estado tras fallo sobre pensiones

El presidente aseguró que la sentencia va en contra de los trabajadores y contradice la ley vigente sobre el sistema pensional.
Radio Nacional de Colombia

El presidente Gustavo Petro pidió demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente de una sentencia del Consejo de Estado relacionada con el sistema pensional colombiano. La declaración del mandatario se produjo a través de su cuenta de X luego de compartir un fragmento de la Ley 2381, norma que hace parte de la reforma pensional impulsada por el Gobierno nacional.

“Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”, escribió el jefe de Estado.

El centro de la polémica es la Ley 2381

En la publicación divulgada por el presidente se muestra un apartado de la Ley 2381 en el que se establece que los recursos acumulados en las cuentas de ahorro individual continuarán siendo administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión del régimen anterior.

El texto también hace referencia a la posibilidad de traslado de régimen bajo determinadas condiciones y previa doble asesoría, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1748 de 2014. Para el mandatario, la decisión adoptada por el Consejo de Estado contradice el contenido de la norma vigente y termina favoreciendo intereses del sector financiero.

Las declaraciones del presidente reavivaron el debate alrededor de la reforma pensional y del alcance de las decisiones judiciales sobre su implementación. La controversia se suma a la tensión institucional que ha marcado las discusiones sobre las reformas impulsadas por el Ejecutivo y su aplicación en el país.

Qué significa el delito de prevaricato

En Colombia, el delito de prevaricato se configura cuando un funcionario público profiere una decisión presuntamente contraria a la ley. Sin embargo, cualquier denuncia de este tipo deberá surtir el debido proceso y será la justicia la encargada de determinar si existen elementos para abrir una investigación formal contra el magistrado señalado.

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