¿Cuáles son las similitudes entre los casos de Petro y Quintero que señalan los expertos?
El pasado viernes, tres días después de que la procuradora general, Margarita Cabello, anunciara que había sido suspendido de su cargo por un periodo de tres meses al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política, el político convocó una rueda de prensa frente a la sede del Ministerio Público en Bogotá, en la que anunció su estrategia jurídica para enfrentar la decisión en su contra.
Diferentes sectores políticos han señalado las similitudes de su caso con el que vivió en 2013 el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuando fue destituido por el procurador de la época, Alejandro Ordoñez (hoy en día embajador ante la OEA). Tal como lo hizo Petro en 2013, Quintero anunció que pondrá en marcha una batalla jurídica en dos frentes, uno nacional y otro internacional. El nacional, a través de una acción de tutela, y el internacional, por medio de una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Incluso, el abogado con el que contará Quintero, Héctor Alonso Carvajal, le fue sugerido por el propio Petro, de acuerdo con lo que reveló el alcalde de Medellín en la rueda de prensa.
¿Puede ser esta controversia el impulso de una futura candidatura presidencial de Quintero, como algunos analistas sugieren que ocurrió con la de Petro?
Entre ‘tutelaton’ y CIDH
La primera estrategia que utilizó el entonces suspendido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro para oponerse a la decisión en su contra fue inundar a la justicia de tutelas. Las acciones, sin embargo, no fueron presentadas por él directamente sino por sus seguidores, más de mil por lo menos, lo que contribuyó a la congestión de la justicia en el país, pero tuvo resultados efectivos para Petro, pues varios centenares de tutelas fueron falladas a su favor.
“Muy seguramente va a haber una ‘tutelatón’ donde muchas personas van a interponer acciones de tutelas, con el propósito de defender su derecho a elegir, artículo 40 de la constitución política, pero también el derecho a ser elegido del señor Daniel Quintero”, afirmó David Ernesto Llinás, doctor en derecho de la Universidad Nacional.
Por el momento, solo se conoce de una tutela presentada por Quintero, que cursa en la sección segunda del Consejo de Estado, quizás porque la Corte Constitucional rechazó en 2014 el uso de esta estrategia y señaló que el único habilitado para defender sus derechos era el propio alcalde suspendido, en ese entonces, Gustavo Petro.
La otra vía jurídica resultó más efectiva para Petro. El entonces alcalde logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara una medida cautelar, requiriendo a Colombia para que suspendiera de inmediato la decisión de la Procuraduría.
Aunque para que Petro finalmente volviera a su cargo y pudiera terminar su mandato, que iba hasta diciembre de 2015, fue necesaria una decisión adicional del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el proceso ante la CIDH terminó dejando un pronunciamiento que obligó a Colombia a redefinir el papel de la Procuraduría.
“La Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución) a una persona por su inconducta social (en el ejercicio de la función pública o fuera de ella) para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido: sólo puede serlo por acto jurisdiccional (sentencia) del juez competente en el correspondiente proceso penal”, afirmó la CIDH en esa oportunidad.
Este precedente es el que podría invocar Quintero para tratar de obtener un resultado similar en la justicia interamericana. Aunque la procuradora Cabello ha asegurado que esta exigencia ya quedó subsanada con la reforma a la Procuraduría hecha en el Congreso hace algunos meses, expertos aseguran que la Procuraduría sigue teniendo el carácter de autoridad administrativa y no judicial, por lo cual Quintero no podía ser suspendido.
Algunos analistas afirman que esta controversia podría impulsar una eventual candidatura presidencial de Quintero, según ellos, como ya lo hizo la decisión de 2013 con la de Petro.
