Procuraduría respalda emergencia económica decretada por el Gobierno nacional
El procurador general, Gregorio Eljach, envío a la Corte Constitucional un concepto que respalda el Decreto 150 de 2026, con el que se declaró la emergencia económica, social y ecológica en 8 departamentos de Colombia por 30 días para atender la crisis provocada por las intensas lluvias e inundaciones en el Caribe. El documento será insumo para la decisión del magistrado de la Corte Constitucional Miguel Polo Rosero, quien deberá decidir de fondo sobre la declaratoria de emergencia, y los decretos que se expidieron en el marco de la misma.
En su texto, el procurador afirma que según la información que reposa en el expediente, "para el ministerio público es claro que los hechos relacionados con las lluvias excepcionales propias del frente frío en principio de año, así como las múltiples inundaciones registradas causaron efectos graves e inminentes en el orden económico, social y ecológico de los territorios objeto de la declaratoria", en ese sentido, su promulgación era necesaria para atender la emergencia.
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El concepto también pide que se declaren exequibles dos artículos del Decreto 222 del Ministerio de Transporte, expedido en el marco de la emergencia económica. Se trata del primer artículo, que autoriza al Instituto Nacional de Vías (Invias), para ejecutar los recursos extraordinarios que le sean asignados en el marco de la emergencia económica para atender la infraestructura vial afectada por el fenómeno natural que dio origen a la declaratoria; y el segundo artículo, que autoriza a la misma institución a que adicione los contratos de obra, mantenimiento e interventoría que están actualmente en ejecución en la zona afectada, sin límite de valor, para atender las vías dañadas por las lluvias e inundaciones.
En conjunto, el concepto solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad del Decreto 150 de 2026 sobre las decisiones respecto a los "hechos de origen climático, las afectaciones a la población y al territorio, a la infraestructura del servicio de energía eléctrica y de servicios esenciales, así como a los daños a la producción agrícola".
De otra parte, el procurador solicitó a la Corte que se declare la inexequibilidad "respecto a los hechos y consideraciones relacionados con las afectaciones al Mercado de Energía Mayorista y las problemáticas estructurales del sistema de energía eléctrica y de acceso a la tierra".
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El documento no es vinculante, es decir, no debe ser acatado por la Corte Constitucional, pero sí representa un insumo clave para la decisión de fondo que debe tomar sobre la emergencia económica declarada para atender la situación en Magdalena, La Guajira, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó.