Gobierno radicó proyecto de ley para coordinar la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional
En el Congreso de la República, fue radicado el proyecto que establece mecanismos y formas de armonización entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y el Sistema Judicial Nacional.
Se trata de una iniciativa liderada por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolinos, que por primera vez reconoce el debido proceso propio de 116 sistemas de justicia indígena en el país.
A su vez, supone un avance en la reglamentación del artículo 246 de la Constitución Política de Colombia, el cual reconoce que los pueblos indígenas poseen derecho de ser juzgados bajo sus propias autoridades y procedimientos, que va en sintonía con su cultura y tradiciones.
“Crea unas bases generales para que las diferentes formas de justicia puedan trabajar juntas y me parece emocionante ver cómo va a ser, en la práctica, algo que ya se viene realizando poco a poco con los jueces, con los magistrados y con algunas comunidades territoriales en donde han entendido dinámicas de armonización”, afirmó la ministra de Justicia.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la falta de coordinación entre la JEI y la justicia ordinaria generó “vacíos normativos y barreras de acceso”, afectando por décadas a las comunidades indígenas.
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Por otra parte, el proyecto plantea incluir salvaguardas clave para los derechos de las mujeres. Quiere decir que, incluye compromisos de las justicias para transformar las prácticas que vulneren los derechos de las mujeres dentro de las comunidades.
En este sentido, se establecen compromisos de debida diligencia tanto para la ‘Jurisdicción Especial Indígena’ (JEI) como para la ‘Justicia Ordinaria’ (JO), con el objetivo de transformar prácticas que puedan lesionar los derechos de las mujeres dentro de las comunidades.
El Ministerio de Justicia recordó que la Mesa Permanente de Concentración Indígena en Bogotá fue protocolizado durante junio, “marcando un hito en la construcción de un marco legal que respeta la libre autodeterminación de los pueblos indígenas”.
