Señal Investiga revela: las movidas del expresidente Álvaro Uribe para frenar el llamado a indagatoria por la masacre de El Aro
Una investigación de Señal Investigativa y la Revista Raya reveló que la Fiscalía General de la Nación estuvo cerca de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el expediente relacionado con las masacres de El Aro, La Granja, San Roque y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Sin embargo, una serie de movimientos políticos, mediáticos y judiciales habrían frenado temporalmente esa decisión.
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso conocidas por el programa periodístico, incluso existía una fecha proyectada para realizar la diligencia que habría significado la vinculación formal de Uribe al proceso penal. Pero antes de que la medida fuera anunciada, la información sobre un comité interno de la Fiscalía encargado de evaluar el caso terminó filtrándose.
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La filtración que alertó a la defensa de Uribe
Según el reporte periodístico, una vez se conoció internamente en la Fiscalía la posibilidad de llamar a indagatoria al expresidente, la información llegó a manos de Uribe y de su defensa, liderada por el abogado Jaime Granados.
A partir de ese momento comenzó una estrategia orientada a posicionar la idea de que una eventual decisión judicial tendría motivaciones políticas y buscaría afectar el escenario electoral colombiano. El propio Uribe publicó mensajes en su cuenta de X insinuando que detrás del proceso existirían presiones políticas y decisiones tomadas dentro de la Fiscalía para perjudicarlo electoralmente.
En uno de esos mensajes, divulgado el 31 de enero, el exmandatario aseguró haber recibido información según la cual “11 fiscales” habrían votado a favor de acusarlo y otro funcionario habría sugerido esperar hasta después de las elecciones.
La presión mediática y las solicitudes de pruebas
El caso también tuvo eco en medios de comunicación. Publicaciones de la revista Semana reseñaron las versiones según las cuales la Fiscalía estaría avanzando hacia una decisión contra Uribe en medio del contexto electoral.
Posteriormente, otro artículo señaló que la defensa del expresidente solicitó nuevas pruebas dentro del expediente durante marzo, una actuación que habría contribuido a extender los tiempos procesales.
Fuentes consultadas por Señal Investigativa sostienen que la combinación entre la estrategia mediática y las actuaciones de la defensa logró frenar, al menos temporalmente, el llamado a indagatoria.
Un expediente que persigue a Uribe desde hace décadas
Las investigaciones sobre las masacres de El Aro y La Granja, así como el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, han estado ligadas al nombre de Uribe desde que fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997.
De acuerdo con el informe, al menos tres jueces han compulsado copias para que se investigue la posible responsabilidad del expresidente en esos hechos. En distintos procesos judiciales se habrían aportado testimonios, documentos y otras pruebas que buscan establecer vínculos entre estructuras paramilitares, sectores de la Fuerza Pública y funcionarios departamentales de la época.
El expediente incluye declaraciones que, según las víctimas y sus representantes, apuntan a un supuesto contubernio entre la Gobernación de Antioquia, la IV Brigada del Ejército y grupos paramilitares que operaban en la región.
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Las víctimas siguen esperando justicia
La masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997 en el corregimiento de Ituango, Antioquia, dejó 15 campesinos asesinados y decenas de familias desplazadas.
Casi tres décadas después, muchas de las víctimas continúan viviendo fuera de su territorio y reclamando justicia. Varias de ellas aseguran que sus familiares fueron señalados falsamente de colaborar con la guerrilla antes de ser asesinados por paramilitares.
El caso se ha convertido en uno de los expedientes más sensibles relacionados con violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado colombiano.
“Hay pruebas suficientes”: la posición de las víctimas
El abogado Miguel Ángel del Río, representante de varias víctimas dentro del proceso, afirmó que la Fiscalía cuenta con un acervo probatorio sólido para justificar el llamado a indagatoria del expresidente.
Del Río también cuestionó que decisiones judiciales de esta magnitud puedan verse condicionadas por coyunturas políticas o electorales.
Además, sostuvo que la renuncia de Uribe al Senado en 2020 no habría estado motivada únicamente por el proceso por fraude procesal y manipulación de testigos, sino también por el avance de este expediente relacionado con graves violaciones a los derechos humanos.
La posible tutela contra la Fiscalía
Por otra parte, el exfiscal general Eduardo Montealegre prepara una tutela contra la Fiscalía General de la Nación por una presunta violación de tratados internacionales de derechos humanos.
Según se conoció, la acción judicial buscaría cuestionar la demora en la investigación de posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad, argumentando que el Estado colombiano tiene la obligación de investigarlos de manera oportuna.
Mientras tanto, la fiscal delegada ante la Corte Suprema encargada del caso, Gloria Marcela Abadía, negó que el proceso se hubiera frenado por razones electorales y aseguró que actualmente el expediente continúa en etapa de práctica de pruebas.