Defensoría había emitido alerta temprana por reclutamiento de menores en Caquetá
Por: Colprensa
La Defensoría del Pueblo alertó en enero sobre la situación de orden público que padece el departamento del Caquetá, lugar donde fue el bombardeo contra de un Grupo Armado Organizado, y donde perdieron la vida ocho menores, según cifras reveladas este miércoles por Medicina Legal.
Este hecho hace parte de los cuestionamientos al ministro de Defensa, Guillermo Botero, debido a que en la moción de censura que se llevó a cabo este martes en el Congreso, el senador Roy Barreras lo acusó de omitir la información sobre los caídos en el operativo adelantado por las Fuerzas Militares en esa zona.
Este miércoles se conoció que la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, fue enviada a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
El órgano defensor, en el documento, denunciaba la grave crisis que padecen más de diez veredas de la cabecera municipal de San Vicente del Caguán, así como en la Macarena, Playa Rica y la Cristalina (Caquetá), por cuenta de los homicidios selectivos, el reclutamiento de menores por parte de las disidencias de las Farc, y graves ataques a la Fuerza Pública y la Población Civil.
En esta zona del país, dice el documento, los habitantes temían por su vida, desde líderes sociales, personas en proceso de reincorporación, las comunidades que suelen asentarse allí, hasta los funcionarios públicos que hacían presencia en el lugar, no estaban tranquilos.
Las alertas de la Defensoría denunciaban la presencia de actores armados en lugares recónditos del país, así como la falta de presencia del Estado. Pese a que hay Fuerza Pública, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, ha enfatizado que una posible solución puede ser la reinversión social.
Según el documento, en el lugar hacen presencia los frentes 7, 40, 1 y la Columna Teófilo Forero de las Farc. Por cuenta de esta presencia se han llevado a cabo extorsiones, homicidios selectivos, además del tráfico y comercialización de droga que son trasladadas por Amazonas y Putumayo hasta llegar a Brasil.
Lo consignado en el documento alertaban y exponían ejemplos sobre el reclutamiento forzado de menores, situación que ha dado lugar a críticas contra el ministro, pues la hipótesis sobre la muerte de los ocho menores es que cayeron por un posible reclutamiento.
Lo que deja de presente el documento de la Defensoría es que los menores no suelen enlistarse en las filas de las Farc u otros grupos al margen de la ley por su propia voluntad.
“En el mes de abril de 2018, se reportó reclutamiento de tres adolescentes en el sector de Puerto Betania. Adicionalmente, se conoció sobre amenazas de reclutamiento forzado y posteriores desplazamientos forzados hacía el sector Las Damas y San Juan de Lozada”, quedó consignado en el documento enviado al Gobierno en enero de este año.
“Por lo anterior, y de acuerdo con la situación descrita, es posible que la población civil sea objeto de violaciones masivas a los Derechos Humanos por la probable ocurrencia de atentados en contra de la vida, la seguridad, la integridad y la libertad personal”, dice la misiva de 14 páginas.
En ese entonces, la Defensoría solicitó a las autoridades locales y nacionales emitir mecanismos prestos a brindar seguridad para los menores, los líderes y las personas en condición de reincorporación que hay en la zona.
