Para solucionar su crítica situación financiera, el Gobierno nacional decidió intervenir a la empresa Air-e, operadora del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena. El agente interventor es Edwin Palma.
Entre los principales retos que enfrenta están la estabilización del servicio y la implementación de tarifas justas para la región, sumado a lo sucedido la semana pasada cuando los estados financieros presuntamente no fueron encontrados al ser consultados. Ante esta situación, los accionistas reaccionaron y pidieron investigar este hecho.
Mediante un comunicado de prensa indicaron que poseen copia digital con certificación forense de toda la información contable - financiera a septiembre de este año, y pusieron esta a disposición del interventor de la compañía Edwin Palma.
Recomendaron, además, investigar el incidente reportado ya que ningún funcionario maneja datos sensibles sin respaldo y dieron a conocer que, tras el hackeo del pasado 2 de septiembre, la empresa contrató a una multinacional para realizar copias forenses, en la que se certifica que la información contable que estaba alojada en el sistema que abarca del 1 de octubre de 2020 al 31 de agosto de 2024 no fue afectada y está asegurada.
Por último, dijeron que la empresa fue auditada por una firma que avaló sus estados financieros antes de la intervención tras revisar toda la información contable, y que también existe una copia alojada en servidores de una empresa de telecomunicaciones accesible para los accionistas.
También, que las sugerencias dadas respetan la autonomía de la actual administración de Air-e, liderada por la interventoría en aspectos financieros, contables, operativos y de abastecimiento.
Por otro lado, Palma le propuso a la Fiscalía crear un bloque de búsqueda para ubicar a quienes se roban la energía, ya que la empresa pierde diariamente más de $1.600 millones de pesos y le pidió al ente investigador que se estudie la posibilidad de crear un grupo especial de investigación contra el delito de defraudación de fluidos para los departamentos de Atlántico, Magdalena y la Guajira.