En Caquetá, alertan por asesinatos de líderes y firmantes de paz
Según el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) van 377 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados desde su firma; el último hecho ocurrió en Caquetá, en la vereda La Aguililla del municipio de Puerto Rico, donde este sábado 8 de julio alrededor de las 4:30 de la tarde, hombres armados, que aún no han sido identificados, dispararon contra la vida de Rigoberto Mendoza, firmante del Acuerdo Final, quien adelantó su proceso de reincorporación en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Óscar Mondragón, en la vereda Miravalle (San Vicente del Caguán, Caquetá).
Mendoza era miembro de las organizaciones sociales Unidos Producimos Paz (UPROPAZ) y la Asociación de Campesinos en Proceso de Reincorporación (Asocamper), y además era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bajo Londres (Puerto Rico, Caquetá).
Los hechos ocurrieron mientras el líder social, en compañía de otra persona, salían de una reunión relacionada con su liderazgo social.
De acuerdo con Juan David Gonzáles, personero del municipio de Puerto Rico, el acompañante de Mendoza resultó herido en el ataque y fue trasladado al hospital local, la ESE Sor Teresa Adele.
Según el funcionario, Mendoza era activo en el municipio y no se tenía conocimiento de amenazas en su contra. Así mismo, el vocero destacó que sobre Puerto Rico, se encuentra activa la Alerta Temprana 019, emitida por la Defensoría del Pueblo, que advirtió, en su momento, la preocupante situación de riesgo sobre la labor de personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y sus organizaciones y colectivos.
“El llamado es al Gobierno, es que ponga los ojos sobre el departamento de Caquetá y especialmente sobre Puerto Rico, donde hay zozobra entre las comunidades y los funcionarios públicos, por los hechos violentos que se vienen presentando”.
Adicionalmente, reconoció que este panorama local advierte dificultad para que se garantice la democracia y el derecho a elegir en los próximos comicios regionales programados para el mes de octubre, por lo que insistió en que las autoridades atiendan las recomendaciones que han hecho instituciones como la Misión de Observación Electoral y la Registraduría General de la Nación.
Por su parte, Fabián Ramírez, directivo de Corpo - Reconciliación e integrante de la Empresa de Economía Solidaria del Común, Federación Ecomún hizo un llamado enfático a que se cumpla el Acuerdo de Paz, especialmente en lo relacionado con la garantía de seguridad para los firmantes; reconoció que en el sector donde ocurrieron los hechos hay cerca de 30 excombatientes que se encuentran en riesgo junto a sus familias por la presencia de actores a los que denomina ‘enemigos de la paz’.
“El llamado es a que se aplique el punto en donde nos garantizan seguridad jurídica y seguridad física, para excombatientes, como para víctimas, líderes sociales y populares", destacó.
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Según el líder, en los últimos días se conoció de un panfleto amenazante que circuló en el municipio de Puerto Rico, a nombre de un autodenominado grupo ‘Águilas Negras’, por lo que exigen a las autoridades esclarecer los hechos para determinar las responsabilidades.
“Hay que estar muy pendientes de que se activen las alarmas y que los gobernantes de cada municipio, que no se limiten a buscar los dineros del Pdet simplemente, sino también a buscar la seguridad física de quienes hicimos los esfuerzos de dejar las armas y construir la paz. Que no nos sigan asesinando”, señaló.
Ramírez reconoció que el reciente firmante asesinado, Rigoberto Mendoza, conocido por popularmente como ‘Guara’, estaba enfocado en liderar procesos relacionados con la consecución de tierras para personas en proceso de reincorporación, implementar proyectos productivos y demás acciones relacionadas con la construcción de paz.
Según la Alerta Temprana 007/20, de la Defensoría del Pueblo, donde se señala que los municipios de El Doncello y Puerto Rico, en Caquetá, hacen parte de una zona de riesgo por el alto índice de violaciones a los derechos de la población civil y por el posicionamiento y la disputa territorial entre el frente Rodrigo Cadete, del Estado Mayor Central y la compañía Fernando Díaz de la 'Segunda Marquetalia'.
