Juez ordenó arresto de tres días para alcalde de La Dorada, Caldas
El juzgado segundo promiscuo municipal de La Dorada, Caldas, emitió orden de arresto en contra del alcalde del municipio, César Alzate, por el incumplimiento de una tutela. El alcalde debía pagar salarios y prestaciones sociales que fueron dejadas de percibir por 35 personas que fueron desvinculadas de su cargo en medio de una reestructuración administrativa emprendida en 2020.
En 2014 la Alcaldía de La Dorada contrató con la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, un estudio de cargas laborales y capacidad financiera para ampliar la planta de personal. Es así como se suscribe con la Comisión Nacional del Servicio Civil, el acuerdo número 4096 del 14 de septiembre de 2018, donde convocan a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente 49 empleos, con 145 vacantes.
Las listas de elegibles para proveer los cargos quedaron en firme en febrero de 2020, un mes después de que entró en ejercicio el alcalde Alzate, quien no acogió lo decidido y comenzó un proceso de reestructuración, alegando que el municipio se encontraba en déficit fiscal, en el que 66 profesionales fueron retirados de su cargo.
“La orden de desacato fue porque varios accionantes mencionaron a la juez que nos dio una medida provisional mientras que se hacían efectivos los procesos administrativos en segunda instancia, la Alcaldía municipal debía mantenernos laborando, pero ellos hicieron caso omiso a eso, y nos tuvieron desvinculados por más de cinco meses, razón por la cual se cometieron una serie de desacatos de tutela, en donde la juez segunda promiscua de familia confirma que están en desacato porque no nos han pagado los salarios dejados de percibir por sacarnos de nuestros trabajos”, señaló una fuente protegida que hace parte del conjunto de personas que fueron nombradas en 2020.
Para posesionarse, algunas de estas personas presentaron una serie de tutelas y demandas ante la Fiscalía General de la Nación, de las cuales hay un fallo que ordena el nombramiento y el pago retroactivo de salarios y prestaciones, que no ha sido acogido integralmente por el alcalde Alzate según los accionantes. En este contexto el juzgado segundo promiscuo municipal de La Dorada emitió la orden de arresto que está vigente y en poder de la Policía Departamental de Caldas y que debe hacerse efectiva en los próximos días.
