Los indígenas Kichwas exigen justicia tras dos años de la masacre en Bajo Remanso
A orillas del río Putumayo suena el himno de la guardia indígena e inicia el recorrido por la memoria del gobernador y líder Kichwa, Pablo Panduro Coquinche, quien fue asesinado en medio de una incursión militar que buscaba doblegar al grupo armado ilegal que hace presencia en el sector.
El nombre de Pablo Panduro, sigue vivo en su comunidad, su legado de resistencia y revitalización de la lengua nativa del pueblo Kichwa, se mantiene vigente en sus familiares, amigos y conocidos que hoy exigen al estado colombiano reparar su buen nombre y hacer justicia por los civiles que perdieron la vida luego de participar de un festival para recolectar fondos.
El día de la tragedia finalizaba el festival que había congregado a la comunidad de Remanso y veredas vecinas para unir esfuerzos y mejorar sus condiciones de vida. Pablo Panduro, se encontraba disfrutando del final de las actividades comunitarias cuando la situación pasó de la alegría a un dolor que hoy nadie supera.
Lee también
- Con grafitis en una escuela, amenazan a dirigentes comunales en Chaparral, Tolima
- Bomberos y brigadistas apagaron dos incendios forestales en la Vía Parque Isla Salamanca
Yarley Ramírez, gobernadora actual de Bajo Remanso, recuerda con nostalgia las horas de dolor: “faltando quince minutos para las siete de la noche fue cuando escuchamos el primer tiro, y al ratico sonaron dos tiros más, ahí fue cuando ya comenzó la balacera y se escuchó el silencio de la comunidad, y la gente corría desesperada".
"La gente pensó que era la guerrilla que había entrado al territorio y unos corrían, y otros no (...) Cuando entró el ejército, entraron disparando brutalmente contra los civiles, había grupos armados al lado de abajo y había grupos armados arriba al lado de Remanso y ellos disparaban de abajo para arriba y los de arriba para abajo entonces las balas cruzaban, y en ese cruce de balas fue cuando mataron a todos civiles”, relató la líder.
Homenaje a una vida de servicio
Durante más de 20 años, Pablo Panduro fue médico tradicional, profesor de lengua materna, capitán de deporte, catequista y autoridad indígena, por eso su ausencia se siente y llena de tristeza al pueblo Kichwa.
“Él era un tipo muy divertido, alegre, nunca se le vio rabias, era sencillo, normal, buen compañero, buen líder, su comunidad lo tenía en su rol de liderazgo y posición. Era muy dado al deporte, le gustaba mucho el micro fútbol, yo creo que dejaba de comer por irse a jugar, ese era Panduro”, recuerda Victoriano Jurado.
De aquellos días de liderazgo ya no queda nada, hoy la vivienda de Pablo Panduro está abandonada, su habitación vacía, al igual que sus cultivos de Cacao y el jardín. Su esposa tuvo que desplazarse del territorio por motivos de seguridad.
Justicia para las víctimas
Al momento se conoce que hay 25 militares investigados por este hecho, que el proceso ha sido lento y esto afecta el estado emocional de las familias víctimas que han debido abandonar su territorio para proteger la vida y continuar en medio del dolor.
“El dolor que uno se lleva es que perdimos a un gran líder, como comunidad uno se siente dolido porque fue una pieza fundamental en el proceso que lleva el pueblo Kichwa, entonces creo que en esa parte ha sido un golpe muy duro como pueblo, como indígena, creo que esto es una experiencia que se ha repetido en otros pueblos, no solamente aquí en el Putumayo (...) Nosotros no somos terroristas, nosotros somos campesinos, somos un pueblo que necesitamos la mirada del estado colombiano y el apoyo de ellos”, expresó un habitante de la comunidad de Remanso.
Además de los actos ceremoniales, la comunidad enfatizó en la resiliencia y la unidad como pueblo para solicitar a una sola voz la restauración de sus derechos, de su aporte a la identidad y de su buen nombre. Pero sobre todo para exigir verdad y reparación de un hecho que fracturó los lazos de credibilidad entre el pueblo civil y la Fuerza Pública colombiana.
El fantasma del desplazamiento
La gobernadora Yarley Ramírez, precisó que antes de los hechos de 2022 la comunidad estaba conformada por 37 familias, dos años después han sido desplazadas 17 familias.
El desplazamiento forzado es un fantasma silencioso que crea incertidumbre dentro del tejido social de una comunidad que aún sigue recuperándose, actualmente es la guardia Indígena, quienes desempeñan un papel importante en la defensa del territorio, la vida y el medio ambiente. Hoy representa un apoyo y contribuye al orden en las comunidades.
El miedo es lo que dispersa a las familias en medio de un territorio donde los indígenas solicitan a la Fuerza Pública respetar su reglamento interno y al Gobierno Nacional agilizar el proceso de constitución del resguardo.
