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Salud y derechos: riesgos para la población LGBTI en medio de la pandemia

Por: Carolina Bustamante

Serie: Colombianos en días de pandmiea. Capítulo 6.

Convivir con VIH en medio de una emergencia sanitaria y exponerse a un contagio debido al trabajo sexual en calle hacen parte de los desafíos que hoy afronta población LGBTI - (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) en Colombia, y así lo refieren activistas, defensores y víctimas de estos cambios, de los cuales  conoceremos parte de su historia en este texto. 

Miguel Ángel López es gay, vive en Medellín y es paciente de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), pero gracias a su experiencia de vida decidió crear la fundación ‘Más que tres letras’, que brinda educación en este tema y busca transformar comportamientos sociales en torno al virus. 

Reconoce que durante el confinamiento obligatorio el Gobierno adoptó medidas para la atención y distribución de antirretrovirales, medicamento que utiliza para su tratamiento médico. Se lo llevan a domicilio a su casa para evitar que salga, le proporcionan atención médica virtual y hasta le hacen, de ser necesario, exámenes de laboratorio puerta a puerta. Sin embargo, hay otros factores que ha tenido que asumir. 

“El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) publicó una cartilla donde pidió a todos los países, durante la pandemia, no distribuir el medicamento mes a mes a los pacientes sino darlo por tres meses, para evitar que salieran a la calle.  Pero Colombia no acogió esta disposición. El problema es que en nuestro sistema se demoran 10 días en entregarlo y por eso, estoy saliendo para recogerlo personalmente”, contó López.

Foto: Miguel Ángel López, activista VIH y cofundador de la Fundación ´Más que tres letras'.

Ricardo Luque, coordinador del grupo de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos del Ministerio de Salud, dice que esta cartera solicitó a las EPS e IPS del país acogerse a la medida trimestral de entrega de medicamentos, tema que aún no ha tenido respuesta pasados dos meses de declarada la emergencia sanitaria en Colombia.

López asegura que la tardanza ha tenido repercusiones para los pacientes. “Algunos pasan meses sin consumir el medicamento y resisten, no pasa mayor cosa. Hay otras que no aguantan una semana, se aumenta la carga viral, se bajan las defensas y corren el riesgo de que el virus se vuelva fármaco resistente. Es decir, se exponen a que la medicina que estaban consumiendo ya no haga efecto y lo tengan que volver a medicar”.

El coronavirus llegó dejando sin empleo a miles de colombianos, pero dentro de la población LGBTI es necesario hacer diferenciaciones tácitas de carácter socioeconómico y educativo, explica Santiago Carvajal, investigador del área de género del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, “porque permite entender y caracterizar las necesidades de cada grupo poblacional”.  

Hace especial referencia a las mujeres transgénero, cuyas identidades son diferentes del sexo​ que se les asignó al nacer. En su gran mayoría se dedican a trabajar en salones de belleza y estética. Sectores de la economía que hoy reportan millonarias pérdidas debido al confinamiento y que las ha dejado sin trabajo.

Pero de otro lado también se dedican al trabajo sexual en calle. Derivado de necesidades económicas y educativas. “Tienen un nivel de escolaridad inferior, no todas terminaron el colegio, no cuentan con apoyo familiar y esto hace que estén más expuestas a contagios por VIH.  Tanto así,  que la expectativa de vida de las mujeres trans en América Latina no es mayor a los 35 años”, explica el vocero de Dejusticia. 

Y es que según el Ministerio de salud, los hombres que tiene relaciones sexuales con personas de su mismo sexo tienen una prevalencia al contagio por VIH del 20.4%, y las mujeres transgénero del 23.4%. Preocupa -según López- que el desempleo ha derivado en la falta de aportes mensuales de población LGBTI que convive con VIH, al sistema contributivo y de lo cual se estarían aprovechando las EPS para no entregar medicamentos. 

“La Ley 972 del año 2005 ordenó que así el paciente no sea aportante activo al sistema de salud, bajo su condición médica, el tratamiento debe ser suministrado. El problema es que la mayoría de la gente no lo sabe y las EPS se hacen los bobos y les cancelan el servicio”, dice el activista. 

También asegura que la situación ha derivado en varias tutelas que mientras cursan dejan a la gente sin medicamentos y, entre tanto, su fundación ha recibido más de 300 quejas durante el confinamiento obligatorio. 

Cabe señalar que vivir un estado de emergencia sanitaria desde las calles, en busca de dinero, es más complejo, así lo refiere María Mónica Gómez, mujer transgénero y miembro de la Red de Apoyo de Mujeres Teriversas. Tiene un taller de confección que hoy solo hace tapabocas. Dice que no le dan el dinero para mantenerse y ayudar a su hermano viudo y sus dos sobrinos. Es trabajadora sexual y reconoce los riesgos que decidió asumir estando en calle. 

“Puedo decir que estamos en un riesgo impresionante porque todas las chicas estamos trabajando, y como vivimos casi del día a día toca buscar para pagar arriendos de hoteles, habitaciones, apartamentos y con qué comer. Pero aunque la orden del Gobierno es no echar a nadie, nos están sacando por falta de pago y porque piensan que estamos contagiadas de Covid-19”, afirma Gómez.

Las trabajadoras sexuales transgénero han recibido apoyos alimentarios y de bioseguridad, pero que según Mónica, que no provienen del Gobierno Nacional. Son redes de apoyo para esta población que se unen y tratan de solventar algunas de sus necesidades. Aunque reconoce que ha contado con atención médica y guía desde las administraciones locales sobre bioseguridad en su trabajo como lo establece la normativa del Ministerio de Salud para atención por el Covid-19 a población LGBTI. 

Al panorama actual se suma otra acción que estaría vulnerando el derecho de esta población a mantener en reserva su orientación sexual por parte de las ARL para quienes tienen trabajo, solicitando información sobre sus muestras de anticuerpos, denuncia Dejusticia. 

“El estatus serológico o estudio que permite detectar la presencia de anticuerpos en la sangre, para este caso VIH, es un tema protegido por la Corte Constitucional y ninguna autoridad puede obligar a que sea revelado. Ahora por el tema del coronavirus, las empresas consideran que los trabajadores pueden ser un factor de riesgo, pero no lo son, y les están exigiendo que den a conocer que tienen estas condiciones”, asegura Carvajal.

Fuera de lo ya descrito, y que hoy afecta sin lugar a dudas a la población LGBTI en Colombia, dice Santiago Carvajal que su lucha por el reconocimiento de derechos como población diversa ha dejado de lado, producto el coronavirus, políticas públicas a su favor, que afectan directamente su identidad de género. 

“Las personas trans dependen, en su mayoría, de tratamientos hormonales con medicina que se produce en el exterior y que es de consumo diario. Al haberse frenado el comercio mundial, las importaciones de medicamentos varían, sumado al tráfico aéreo detenido, lo que deja muchos de estos tratamientos en el limbo o podría ser un retroceso en los ya adelantados”, explica Carvajal.

No se puede tener un registro hoy de la población  LGBTI contagiada por coronavirus en Colombia, pues la autoridad en salud, por ley, no exige esta caracterización y el Dane tampoco ha realizado un censo nacional de esta población. Por eso Carvajal recalca que el reto ahora será que aquellos derechos ganados se materialicen en medio de la pandemia y después de superada.

Escuche el informe completo aquí: