¿Cuáles son los impactos sociales y ecológicos de El Quimbo en el Huila?
En mayo de 2009, mediante licencia ambiental 0899, el Ministerio de Ambiente autorizó el inicio de obras de la Represa Hidroeléctrica El Quimbo, que inundaría alrededor de 8 mil hectáreas en veredas de los municipios de Garzón, Gigante y El Agrado en el centro del departamento del Huila. Esto causó afectaciones de tipo social y ecológico en las comunidades y el medio ambiente de la región.
En un principio, el Estado colombiano declaró la zona de utilidad pública, de acuerdo con el informe de Misión denominado El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia, elaborado en 2016 por la Comisión Internacional de Juristas.
“A los propietarios y poseedores de predios ubicados en la zona afectada Emgesa les compró los predios y a quienes no vendieron, o con quienes no hubo acuerdos, se les expropió. La Resolución ordenando el juicio de expropiación fue en cada caso expedida por el Gerente de Emgesa, facultado por una norma anterior a la Constitución de 1991”, menciona el informe.
Sin embargo, no solo los propietarios de las tierras se vieron afectados, sino también personas que residían en otros municipios pero que allí desarrollaban sus actividades económicas como constructores, pescadores, madereros, jornaleros, transportadores, entre otros.
Leonte Muñoz Perdomo, vocero de los pescadores artesanales y de la Mesa de seguimiento a las afectaciones por El Quimbo, menciona que “la principal problemática con la represa de El Quimbo es que la construcción del embalse impidió la trayectoria natural de los peces nativos del Magdalena, como es el bocachico, la zabaleta, la dorada, el pataló. Entonces, estos peces al haber sido terminados en esta región del país, se volvió realmente crítica la situación de los pescadores artesanales”.
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Por su parte, dentro de algunas de las afectaciones a la ecología, uno de los compromisos que Emgesa había adquirido en el marco de la construcción de la Central Hidroeléctrica, era la extracción de la biomasa luego de talar los árboles que estaban en el área de inundación, sin embargo “uno de los aspectos más delicados consistió en dejar en pie, para ser sumergidos como en efecto ocurrió, unas 900 hectáreas de bosque, aduciendo que se encontraban ubicadas en zona de difícil acceso”, enfatizó el informe de Misión.
Movilización social
Las afectaciones a comunidades que se dieron en el marco de todo el proceso de construcción de la Hidroeléctrica, también fue sinónimo de resistencia y movilización social en el departamento, un ejemplo de ello es el surgimiento de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, ASOQUIMBO, quienes dentro de su razón de ser resisten ante la acumulación por despojo y a la destrucción del ecosistemas por parte de las transnacionales, quienes además han venido acompañando jurídica y socialmente a las familias afectadas. Así como los procesos que se adelantan desde la Universidad Surcolombiana con docentes, estudiantes e investigadores alrededor de la misma población.
De acuerdo con el representante legal de ASOQUIMBO, Miller Armín Dussán, “actualmente se llevan a cabo las audiencias en torno a la demanda de nulidad que interpuso ASOQUIMBO y el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, cuyo propósito es demostrar las irregularidades en el proceso de licenciamiento ambiental (Resolución No. 0899 de 2009) bajo los cargos de Falsa Motivación, expedición irregular y violación de ley sustancial”, de acuerdo con la resolución”.
En el marco de la audiencia realizada el pasado mes de agosto de 2021, el testimonio de Julio Carrizosa Umaña, coordinador del código de recursos naturales, mencionó que “el caso del Quimbo ante el Consejo de Estado es de suma relevancia porque busca la justicia socioambiental frente a la impunidad corporativa y las afectaciones causadas al departamento del Huila, al río Magdalena y sus pobladores, quienes durante más de 12 años han exigido respuestas y soluciones por parte del Estado Colombiano a la grave crisis económica, social y ambiental producida por la construcción de la represa”.
Agregó a modo de conclusión, que esto representaría la posibilidad de trazar nuevos horizontes de política ambiental para el país que estén acordes a la realidad global y de crisis climática que enfrentamos.
Esta investigación hace parte de los contenidos especiales de La Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias, que emprendió RTVC - Sistema de Medios Públicos, y que puedes conocer dando click aquí.
