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Las versiones a favor y en contra en el caso de Álvaro Uribe

Este miércoles una juez deberá decidir si finaliza el proceso por manipulación de testigos o si inicia un juicio contra el expresidente Álvaro Uribe.
Álvaro Uribe
Foto: Colprensa
Colprensa

Este miércoles 27 de abril llega un momento crucial en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por el caso de presunta manipulación de testigos: una juez tendrá que pronunciarse sobre la solicitud de la Fiscalía de precluir la investigación.

Si la juez acoge la solicitud de la Fiscalía podría llevar al final del proceso o al comienzo del juicio contra el exmandatario, aunque en cualquiera de los dos casos puede haber lugar a apelación.

En más de 100 horas de audiencias, la juez ha escuchado a ocho intervinientes, que desde julio de 2021 hasta el pasado 18 de marzo plantearon sus argumentos tanto a favor como en contra de seguir adelante con el proceso.

Hasta el propio Uribe, en una exposición de alrededor de cuatro horas, pudo expresar su opinión sobre el futuro de la investigación.

Estos son los argumentos tanto a favor como en contra con base en los cuales la juez deberá tomar su decisión.

Piden precluir

La Fiscalía, representada por el fiscal Gabriel Jaimes, solicitó precluir la investigación que se sigue en contra de Uribe al considerar que no existen elementos para acusar. A esta solicitud se unieron la Procuraduría representada por Jorge Enrique Sanjuán y la defensa por Jaime Granados y Jaime Lombana.

Entre los principales argumentos en los que coinciden es que no hay pruebas que demuestren la responsabilidad de Uribe en la presión y ofrecimiento de dádivas al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo principal en el caso.

La solicitud de preclusión de Jaimes se centró principalmente en decir que las declaraciones entregadas por Juan Guillermo Monsalve estaban llenas de inconsistencias. “Monsalve engañó a la Corte Suprema de Justicia y una de las pruebas principales, una grabación de video hecha con un reloj dentro de la cárcel, fue manipulada”.

Otra de las inconsistencias, según Jaimes, es que las versiones de Enrique Pardo Hasche, Victoria Jaramillo, Diego Cadena y Jaime Lombana, coinciden en señalar que fue Monsalve quien por intermedio de Enrique Pardo Hasche buscó a un abogado del exsenador Uribe, porque el senador Iván Cepeda no le había cumplido algunos compromisos y quería disculparse con los hermanos Uribe Vélez por haberlos incriminado falsamente y no al revés como dice el exparamilitar.

El fiscal Jaimes añadió que otro punto que no parece estar claro es la reunión que adelantó el abogado Diego Cadena (quien afronta un proceso paralelo por los mismos hechos) y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en la cárcel la Picota de Bogotá, el 22 de febrero de 2018, pues según la versión del exparamilitar ese día el togado le ofreció ingresar a la JEP y le llevó un documento listo para firmar, pues esto nunca se presentó.

Durante su solicitud, el fiscal Jaimes también se refirió a la presunta intervención del representante Álvaro Hernán Prada en la retractación de Juan Guillermo Monsalve donde dijo que “todas las versiones, los testigos aclaran que nunca hubo una llamada puesta en altavoz en donde Álvaro Uribe diera instrucción a Álvaro Hernán Prada para que actuara en su favor (...) en todas, afirman que el mensaje fue transmitido por ‘Caliche’”, aseguró el fiscal.

Para acompañar esta solicitud el procurador Sanjuán explicó que no existen pruebas que demuestren la responsabilidad de Uribe en la presión y ofrecimiento de dádivas al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, a quien consideró como testigo no fiable, ni tampoco de Álvaro Hernán Prada.

Algo no muy diferente dijo Jaime Granados al expresar que Juan Guillermo Monsalve siempre le mintió a la Justicia. Además, señaló que el expresidente no tenía comunicación con personas privadas de la libertad, ni tuvo relación con ofrecimiento de beneficios a ninguna persona para declarar en ningún sentido.

Víctimas piden acusar

Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda; el exvicefiscal Jorge Perdomo, el exvicefiscal Luis Eduardo Montealegre y Miguel Ángel del Río, apoderado de Deyanira Gómez, se opusieron a la preclusión argumentando que no existe ninguna causal que haya sido demostrada para sustentar esta solicitud.

El principal argumento en el que coincidieron las víctimas es que la Fiscalía se abstuvo de investigar a Álvaro Uribe, faltó rigor en la argumentación de la preclusión y el ente acusador tomó la decisión de hacer esta solicitud sin tener las pruebas para hacerlo.

Así lo expresó Reinaldo Villalba, quien tuvo el primer turno en argumentar como representante de las víctimas: “Las víctimas tenemos una preocupación desde el mismo momento que ha asumido la investigación (el fiscal Jaimes) pues es evidente su interés en el proceso y su falta de independencia e imparcialidad para dirigir esta investigación”.

Esto teniendo en cuenta, según Villalba, que Jaimes “se abstuvo de investigar a Álvaro Uribe Vélez, omitió examinar con rigor su indagatoria, no hizo contradicción entre la indagatoria y las declaraciones de Diego Cadena, ni tampoco sobre sus explicaciones y la actuación procesal y no realizó un estudio sobre las interceptaciones telefónicas”.

Con relación a los argumentos, Villalba explicó que, contrario a lo que explicó la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa, Uribe si obró con dolo y además tenía la intención de incurrir en las conductas punibles que le fueron imputadas con pleno conocimiento de su ilicitud.

Así mismo, Villalba dijo que el abogado Diego Cadena actuó bajo órdenes del expresidente Uribe para ubicar a los testigos que presuntamente se iban a encargar de incriminar al senador Cepeda.

Bajo esta línea aseveró que Uribe buscó a Diego Cadena para que llevara escritos con versiones falsas, “autorizó (Uribe) que con estos escritos respaldaran una solicitud de revocatoria en la Corte Suprema de Justicia, está claro que el abogado Cadena y el determinador Álvaro Uribe Vélez conocían las labores que debían realizarse y Cadena se sintió gustoso y presto a colaborarle al expresidente de Colombia, es claro que el abogado Cadena era quien se iba a encargar de las solicitudes del expresidente”.

Estos argumentos fueron acogidos y complementados por el exvicefiscal Jorge Perdomo quien dijo que no existe ninguna causal de preclusión que haya sido demostrada y, por el contrario, lo que se está discutiendo en esta audiencia debería hacer parte de un juicio oral, “donde se interrogue y contrainterrogue, porque con lo que aquí hemos tenido no podemos decir en absoluto que tenemos los elementos fundantes de una preclusión”.

Todo esto, porque de acuerdo con Perdomo no se investigó a profundidad la situación, como para argumentar que el caso debe cerrarse y que solo replicaron algunos testimonios de la Corte.

Esto teniendo en cuenta por ejemplo que es ilógico pensar que siendo Álvaro Uribe el único beneficiado con la retractación de Juan Guillermo Monsalve, “se diga ahora que este ignoraba que Álvaro Hernán Prada y Diego Cadena trataban de convencerlo para enviar una retractación, porque existen conversaciones que demuestran lo contrario”.

Agregó que es increíble que la Fiscalía diga que las iniciativas para conseguir la retractación de Juan Guillermo Monsalve no nacieron de Álvaro Uribe, cuando el ente acusador “ignora las inferencias surgidas a partir de llamadas telefónicas, así como la explícita adhesión del imputado a esa consecución de testigos y retractaciones”.

Bajo esta misma línea se pronunció el exvicefiscal Luis Eduardo Montealegre, quien dijo que el fiscal Gabriel Jaimes, durante su solicitud de preclusión, “no refutó las hipótesis alternativas, ni la existencia de la instigación y no fue capaz de refutar absolutamente todo el conjunto de evidencias que se encuentran dentro del proceso", y agregó que “la Fiscalía dejó de valorar más de 40 evidencias y elementos probatorios en ese caso, como ya lo expusieron el abogado Reinaldo Villalba y el exfiscal Jorge Perdomo”.

El último en intervenir fue el abogado Miguel Ángel del Río quien dijo que hay "un expediente plagado de contradicciones e incongruencias (...) que debe ir a juicio y no precluirse”.

Entre estas contradicciones se destacan, según del Río, que la Fiscalía pidió investigar a Gómez y Monsalve por supuestamente manipular un audio que es una de las pruebas en el caso, pero, según Del Río, quien habría editado las grabaciones fue el abogado Diego Cadena.

Otra de las contradicciones corresponde, según el abogado de víctimas, a que la Fiscalía dice que Monsalve fue quien buscó la retractación, pero las pruebas reflejan lo contrario.

Otro punto a tener en cuenta, según de Río, es que contrario a lo que dice la Fiscalía, Diego Cadena si le ofreció entrar a la JEP. “Sí se le ofreció, otra cosa es que no se pudiera”, enfatizó el abogado de víctimas.

Bajo esta misma línea el abogado de víctimas agregó que en esta investigación se ha visto que la motivación de la Fiscalía ha sido tratar como indagados a los testigos Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gomez. “Más del 70% de los actos de investigación de la Fiscalía están dirigidos a establecer circunstancias penales en cabeza de Monsalve, este hombre ha parecido más un investigado que un testigo y Uribe más una víctima que un imputado”, enfatizó del Río.

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