En el municipio de Baranoa (Atlántico), un grupo de mujeres campesinas pertenecientes a la Asociación Frutos del Campo (Afrucam), día a día siembran y recogen los productos que la tierra les provee, con los cuales no solo aseguran su sustento sino también el de sus familias y la comunidad de la vereda El Rodeo.
Mientras realizan las labores del campo, hay una inquietud permanente para estas mujeres, en especial para Marta Roa, presienta de Afrucam, pues estas tierras que hoy trabajan y en las que tienen sus proyectos productivos no están a nombre de ellas, pues son de un proceso de extinción de dominio y aunque llevan más de 15 años habitándolas, no están exentas de un posible desalojo, tanto ellas como sus familias.
“Quisiéramos la oportunidad de tener nuestras propias tierras, para así estar seguros de que el día de mañana no nos desalojen, sino que podamos trabajar en nuestra propia tierra que es lo que más anhelamos”, comentó Marta Roa.
En estos terrenos donde han permanecido por más de una década, luego de ser víctimas del conflicto armado, han desarrollado diversos proyectos productivos como el cultivo de maíz amarillo, con el que posteriormente elaboran bollos que ponen a la venta en los mercados cercanos. También cultivan una variedad de frijol y comercializan carne de gallina, entre otros productos.
Pero estos proyectos no habrían sido posibles si no fuera por la perseverancia y la capacitación permanente que estos campesinos y campesinas han tenido: “Nosotros estudiamos, nos capacitamos y hoy en día somos emprendedores, somos personas luchadoras porque así como trabajamos la tierra, la sembramos”, aseguró Marta.
Otro aspecto fundamental, tanto en los proyectos productivos como en la lucha por el acceso a la tierra, es el liderazgo de las mujeres en el territorio. Así lo afirmó Onivia Esmeral, lideresa de Baranoa.
“El rol que ha jugado la mujer campesina en el Caribe es histórico. Las mujeres rurales han luchado por la recuperación de tierras, por la paz, por sus derechos y los derechos de los campesinos en general (…) Las mujeres rurales luchamos por la seguridad alimentaria y por la soberanía”, explicó Onivia.
Marta concuerda con la señora Onivia, y su discurso es claro a cuanto a la importancia de reconocer el trabajo del campo y apoyar las iniciativas que vienen desde allí: “Nosotros los campesinos somos la base fundamental de una seguridad alimentaria en Colombia, no es solamente del campesinado, porque la ciudad come lo que el campo produce”, aseveró Marta.
Registro Invima para sus productos
Además del derecho a la tierra, otra de las luchas de las mujeres en la vereda El Rodeo ha sido el poder registrar sus productos para ampliar su comercialización en el país. Bollos y masa de maíz, granos, carne de pollo y gallina, entre otros, solo se comercializan en Baranoa y poblaciones vecinas debido a esta limitante.
Los miembros de Afrucam consideran que no han podido sacarle provecho a sus productos. Cuando alguna entidad estatal o asociación amiga les plantea la posibilidad de llegar a otros mercados, la intención choca de frente con la falta del registro Invima que acredita la calidad de los alimentos que se consumen en el país.
Marta Roa comentó que están cansados de tocar puertas sin que su requerimiento sea atendido. Aseguró que esta situación refleja lo peor de trabajar el campo colombiano. “Es como un sueño inalcanzable porque tenemos al Estado en contra. No se nos brinda la oportunidad de ser escuchados, no tienen ni cinco minutos para atender a un campesino, pero sí para atender a un gran terrateniente. Por eso nos vemos vulnerados”, aseguró.
Para ella, se trata de un acto de discriminación que se podría remediar aplicando a fondo el derecho a la igualdad, para que a los campesinos y campesinas se les reconocieran los mismos derechos que a los grandes productores.
A pesar de todo, estos contratiempos no las desalientan. Por el contrario, han permitido que mujeres campesinas como Marta, Onivia y muchas otras reconozcan en sí mismas sus potencialidades, pongan en práctica el empoderamiento y continúen en esta defensa permanente de sus derechos, para garantizar una mejor calidad de vida para ellas, sus familias y la comunidad.
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