Día de los Derechos Humanos: ¿Qué está pasando en la regiones?
Líderes sociales: 23 personas han sido asesinadas en Nariño en el 2020
La Comisión de la Verdad reveló que, según cifras de la Fundación de Desarrollo y Paz-Fundepaz, son 23 los líderes asesinados en Nariño durante el 2020, situación que es alarmante en esta región, teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años, 84 defensores de los derechos humanos han sido asesinados.
El departamento de Nariño es la sexta región del país con el mayor número de líderes y lideresas asesinados, las cifras se revelan al conmemorarse hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Según el coordinador de Fundepaz, Jesús Arciniegas, la pandemia por el Covid-19 ha desnudado las deficiencias estructurales en la protección de los defensores y en garantizar los derechos de la población.
“La respuesta del Estado no ha estado a la altura de esta situación en relación a atender el asesinato sistemático de los líderes en Colombia, ha habido cierta apatía en cumplir con las medidas de protección”, indicó Arciniegas.
La estigmatización que se tiene hacia este grupo poblacional ha generado minimizar las acciones de respuesta de protección y de la labor que ellos cumplen en defensa de los derechos humanos y de las víctimas, señaló además el director de Fundepaz.
La situación del departamento de Nariño ha generado que se abran espacios de diálogo para conocer los impactos que han tenido los hechos violentos, por tanto, desde la Comisión de la Verdad se escucharán las afectaciones del movimiento social y político en esta zona del país.
Ángela Melo, coordinadora en Pasto de la Comisión de La Verdad, manifestó que este sábado 12 de diciembre se estará desarrollando un
“En este primer encuentro regional de escucha, participarán integrantes del movimiento rural y agrario del departamento, representantes de los partidos de izquierda y organizaciones de víctimas y defensores de Derechos Humanos”; precisó Ángela Melo.
Son espacios en los que la ciudadanía también podrá participar en las redes de la Comisión de la Verdad.
En el Chocó, el defensor del Pueblo habla de una crisis humanitaria permanente
El defensor del Pueblo Carlos Camargo Asis, desde Quibdó aseguró que la permanente crisis humanitaria por la que atraviesan las poblaciones del Chocó, mantienen en riesgo a nueve municipios del departamento.
La denuncia la realizó en el marco de la Mesa Territorial de Garantías, donde manifestó que las alertas tempranas emitidas por la entidad desde el Chocó, han revelado la grave situación humanitaria en el departamento, los hechos de violencia y distintos actos vulneratorios de derechos humanos que están en aumento.
Amenazas, homicidios, confinamientos, desplazamiento forzado, violencia contra mujeres indígenas, restricción a la movilidad por presencia de grupos armados e instalación de explosivos, son actos que señaló el defensor como los más recurrentes en esta región del país.
“De manera que en el departamento del Chocó hoy estamos conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos, como un símbolo de nuestra lucha interinstitucional, de ese compromiso que hay vehemente y enfático de luchar contra estos flagelos que azotan a nuestra humanidad y nuestra sociedad colombiana”, dijo Camargo.
La sentencia que obliga a proteger los derechos de la población wayuu en La Guajira, no se estaría cumpliendo
En La Guajira, una sentencia de la Corte Constitucional obligó a proteger los derechos humanos de la población wayuu; sin embargo, especialistas afirman que a este fallo le faltan muchos procesos para su implementación.
Se trata de la Sentencia T-302 de 2017, que protege los derechos fundamentales a la salud, el agua y la alimentación de niños y niñas, para garantizar la vida digna del pueblo wayuu y aunque se han adelantado trabajos para su implementación, especialistas en Derechos Humanos como Hugo Núñez, sugieren que apoyos internacionales son necesarios en este tipo de casos.
“No es un asunto solo departamental, también del orden nacional. La recomendación sería buscar una veeduría internacional, también un cumplimiento de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque lo que se está viendo es que el abandono del Estado ha generado esta situación”, añadió Núñez.
Por esto, en el departamento de La Guajira en el segundo semestre del año se han realizado algunas reuniones con comunidades indígenas de los municipios de Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure, aunque algunos líderes siguen afirmando que es necesario agilizar procesos para darle pronto cumplimento a esta sentencia.
A esto se suma un informe de la Veeduría ciudadana que advierte que la situación de los derechos de los wayuu ha empeorado a causa de la pandemia por Covid-19 y a su vez, se siguen reportando muertes de niños por desnutrición, muchas veces por ausencia de acciones estatales.
Comunidades rurales en el Meta, las principales víctimas de vulneración de los derechos humanos
En el Meta, representantes de derechos humanos de diferentes sectores coincidieron en que la falta de protección a comunidades diversas, las dificultades en el cumplimiento de los acuerdos de paz, las disidencias y la deforestación son las principales causas del deterioro de los derechos humanos en esta región.
En un encuentro liderado por la defensoría del pueblo en Villavicencio, los líderes sociales de comunidades indígenas, Lgbti, víctimas, jóvenes entre otros hicieron un balance de las situaciones que les aquejan y por las cuales adelantan diversas iniciativas.
Islena Rey, representante derechos humanos del Meta, indicó que especialmente las comunidades rurales del sur de este departamento son las más afatadas, si de violación a los derechos se trata, pues el enfrentamiento constante entre Fuerza Pública y disidencias los deja en el centro de la confrontación y desprotegidos, igualmente se refirió a la explotación de hidrocarburos en la región.
"Los ecocidios son endilgados a los y las campesinas, quienes durante años han convivido de manera respetuosa con el entorno natural, y lo que más nos duele es que ellos y ellas sean judicializados", afirmó Islena Rey.
Por su parte, la líder indígena Graciela Barbosa advirtió que una de las mayores preocupaciones que tienen, es que los pueblos ancestrales están perdiendo su identidad cultural, debido al desplazamiento forzado hacia los centros urbanos y a que las mujeres de las diferentes comunidades, en su mayoría son madres solteras o viudas a causa del conflicto armado, por lo que debieron aprender y adaptarse a otros modos de subsistencia.
La colectividad Lgbti también se pronunció al respecto, e hicieron un llamado a la sociedad y a la institucionalidad para frenar la discriminación, las agresiones y los homicidios en su contra. Según Sebastián Mesa Gonzales, representante de esta comunidad, en el Meta hay municipios como Acacias, donde todavía se habla de "hacer limpieza social", cuando se hace referencia a personas con identidad diversa y aseguró que también son víctimas de violaciones a sus derechos cuando promueven actividades públicas.
«Al colgar la bandera Lgbti este año, la gente en redes sociales publicó cosas horribles, lo que más me daba miedo es que decían: “hay que hacer limpieza porque otra vez nos estamos llenando de gays”», indicó Sebastián Mesa, quien enfatizó que los derechos humanos no deberían ser objeto de debates si no de cumplimiento.
De este encuentro también hizo parte Rosa Libia Cuellar, representante de víctimas, quien alertó sobre las resoluciones de priorización de adultos mayores de 70 años, pues aseguró que esta edad debería evaluarse a la hora de otorgar beneficios a las víctimas.
Finalmente durante esta jornada también se escucharon voces de organizaciones juveniles, quienes debatieron acerca del derecho a la vida enmarcado en temas como el aborto, la eutanasia, la pena de muerte y las cifras de homicidios en menores que en Latinoamérica dan cuenta de 70 muertes diarias, según un informe de Save the Children.
Amenazas a líderes sociales, desplazamiento y corrupción en Bolívar
Para la Defensoría del Pueblo, en Bolívar las amenazas en contra de líderes sociales, el desplazamiento y los altos índices de corrupción, son las principales preocupaciones en cuanto a la violación de derechos humanos en los Montes de María.
Por más de 50 años en esta zona se han registrado masacres, desapariciones, asesinatos selectivos entre otros hechos. Para el defensor del pueblo de Bolívar José Hilario Bossio, aunque esta situación ha disminuido, al día de hoy existe otra preocupación latente: las amenazas a líderes y lideresas de la zona al parecer, por parte de grupos emergentes. “Se les está violando uno de esos artículos establecidos por la Organización Internacional de Derechos Humanos, como es la libertad de expresión y la libertad de asociación”, dijo el defensor.
Para Blanca Victoria Sabagh, representante de la organización para la defensa de los Derechos Humanos y el Bienestar de los Ciudadanos, los altos índices de corrupción que según ella imperan en la región, constituye otra violación de los derechos de los montemarianos. “Insisto una vez más a los representantes de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para que asuman en pleno sus actividades, cumpliendo con una de sus obligaciones para poder defender a tiempo a las víctimas”, manifestó la líder.
Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), cerca de 450 mil personas son víctimas del conflicto armado en el departamento de Bolívar y el 17,2 % son sujetos de reparación.
Defensores de Derechos Humanos alertan por el rearme de grupos al margen de la ley en el sur del Tolima
El Centro de Estudios Regionales y el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima público el informe ‘Nuevas y viejas violencias: desafíos para la no repetición del conflicto armado en el sur del Tolima’, en el que da cuenta de un posible rearme de disidencias y de grupos paramilitares en esta región.
De acuerdo con Andrés Tafur director de la entidad académica, existen datos y evidencias que determinarían el progresivo despliegue de grupos al margen de la ley.
“El sur del Tolima hace parte de una geografía que es funcional a la reconstrucción del proyecto guerrillero que lideraban las antiguas Farc. Hemos conocido que hay dos grupos disidentes del Proceso de Paz: uno, el Frente primero liderado por Gentil Duarte. (…) El otro, que no tiene relación con esta otra disidencia, son las Farc Segunda Marquetalia, con el frente denominado Alfonso Cano”, explicó.
El director señaló que se han presentado varias capturas de estos grupos guerrilleros y que el territorio tolimense es clave para su reorganización. Según lecturas del académico, la ubicación geográfica de la región no solo aporta a estos grupos un corredor por donde transitar, sino que es usada como zona de retaguardia, ya que agrupa el suroriente del Valle, el norte del Cauca.
Debido a la presencia de estos grupos armados ilegales en el sur del Tolima, las principales vulneraciones a los derechos humanos en esta región son las amenazas a líderes sociales y el desplazamiento. Desde el Centro de Estudios Regionales les preocupa que las autoridades vean esta actividad de los grupos residuales y paramilitares como bandas delincuenciales.
“Nos preocupa mucho este proyecto nacional que tienen las disidencias de las Farc y por otra parte grupos criminales, desmovilizados de paramilitares y grupos narcotraficantes que se disputan el territorio”, indicó.
La intención de este informe es prevenir a las autoridades del reclutamiento forzado, el tráfico de drogas y el control territorial de estos grupos al margen de la ley, creándose escenarios de prevención y construyendo una mesa interdepartamental en cabeza de la gobernación del Tolima, para que se atiendan las alertas tempranas en cada una de las zonas del territorio tolimense. El documento fue dado a conocer hoy con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
