Desde Unicef Colombia, Tanya Chapuisat aseguró que el acceso a la educación debe ser una prioridad de una política pública inclusiva con las personas migrantes y refugiadas, lo que a su vez será catalizador para otros derechos: “las escuelas son entornos protectores que les permiten a los niños y niñas contar con alimentación, acceso al cuidado, participación y protección frente a diversas formas de violencia o ante las consecuencias del conflicto armado”.
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De igual forma, según recientes cifras del Ministerio de Educación, Colombia pasó de contar con 34.030 niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados matriculados en el 2018, a 590.489 en abril del 2023.
Sin embargo, la organización enfatiza que aunque se demuestra el compromiso del país, aún se deben enfrentar diferentes retos y desafíos por los más de 135 mil niños y niñas migrantes que se encuentran por fuera del sistema o no pueden acceder al sistema de educación.