¿Qué está pasando en Colombia en materia de explotación sexual de menores?
La explotación sexual es definida por la Defensoría del Pueblo de Colombia como “toda práctica por la cual se abusa sexualmente de una persona, vulnerando sus derechos a la dignidad, la igualdad, la autonomía y el bienestar físico y mental para obtener gratificación sexual, ganancias financieras o logros personales”.
En nuestro país, esta problemática es latente. De acuerdo con cifras del Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil (SIRITI) del Gobierno Nacional, entre 2012 y 2016 se reportaron 2.455 víctimas de explotación sexual, pornografía infantil y abuso sexual.
Trayendo cifras más recientes, la Procuraduría General de la Nación, a partir de datos de la Estadística Delictiva de la Policía Nacional, informó que entre enero y agosto del 2023 el país tuvo 8.295 casos de delitos sexuales contra menores, donde 4.605 corresponden a niñas y niños y 3.690 adolescentes.
Leer también: Confinamiento en Sipí, Chocó, por presencia de minas antipersonales
Para darle mayor profundidad a este tema, frente al caso reportado en días pasados, donde Timothy Alan Livingston, ciudadano estadounidense, ingresó al Hotel Gotham en Medellín junto con dos menores de edad, se habló en Puntos de Vista.
Para Lucrecia Ramírez, psiquiatra que ha sido defensora por los derechos de las mujeres, asegura “que el problema está en los puteros” y sin hablar de ellos “no vamos a solucionar el problema” en medio de una sociedad patriarcal donde “hay gente que tiene ventaja”, donde “siempre habrá hombres dispuestos a comprar” mujeres.
En el caso de Danitza Marentes, subdirectora de la ONG Valientes Colombia, el problema de la explotación sexual infantil “no es nuevo, no es que haya empezado la semana pasada”. Por eso, advierte que las organizaciones deben propender a prevenir la explotación sexual en Colombia, más aún, “los prestadores de servicio turístico, (quienes) tienen una responsabilidad más grande”.
“Es crucial que quienes hacen parte del gremio, sus protocolos estén orientados a las necesidades y a los contextos (…) Es muy triste la situación que está presentándose, Colombia es un país que se percibe a nivel internacional, como un país permisivo (…) En Colombia, estamos muy retrasados con estos temas”, subraya Marentes.
Por su parte, Claudia Quintero, directora de la Fundación Empodérame, menciona que “las cifras (de las autoridades) no reflejan la realidad”, ya que “las víctimas no quieren denunciar”, debido a la presencia de bandas donde “se expone mucho a la vida de las víctimas”.
Estas y más discusiones en Puntos de Vista, que se emite de 7 a 8 de la noche de lunes a jueves, a través de Radio Nacional de Colombia.
