Gobierno rechazó comunicado de la JEP sobre falta de seguridad para los excombatientes
El consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, rechazó el comunicado emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el cual se le solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar las presuntas fallas de protección que hubo frente a 35 firmantes del Acuerdo de Paz que fueron asesinados en las últimas semanas.
El consejero Archila aseguró que es lamentable que no se reconozcan los aspectos positivos que fueron presentados ante la JEP en una audiencia de este lunes 15 de febrero.
“Es una tristeza que en su comunicado la JEP no resalte los aspectos positivos de la audiencia de ayer, el primero, el más importante, es que ratificamos que el enemigo en contra de los excombatientes obvio que no está adentro, obvio que está afuera. La Fiscalía ha señalado que más de 75% de esos homicidios vienen por parte de los grupos armados, esto es las disidencias de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo”, afirmó Archila en un video.
El consejero presidencial también aseguró que todas las entidades deben unirse para combatir y desmantelar esos grupos armados. Además, afirmó que en el comunicado no se reconoció la labor de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección frente a esos temas.
“Desde el momento en que se nos presenta un caso en la mesa técnica, nunca hemos dilatado de ninguna manera y hemos evacuado con absoluta celeridad todas las peticiones que se nos han hecho acorde con las recomendaciones que se hacen de parte de quienes conocen de riesgos”, destacó el consejero.
La solicitud de la JEP ante la Procuraduría
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar los factores que están fallando en la protección de los excombatientes, tras conocer que 35 de ellos fueron asesinados a pesar de haber solicitado ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) activar su ruta de protección.
Esta petición la realizó la Jurisdicción tras concluir una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares adoptadas por la JEP a favor de los excombatientes.
Uno de los casos que expuso la JEP es el de Edwin Herney Barrios Parra, que fue asesinado el 8 de junio de 2021 y la resolución que confería las medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección fue adoptada el 1 de septiembre del mismo año. Es decir, tres meses después de su asesinato.
Tras esta diligencia la Jurisdicción también le solicitó a la UNP implementar una metodología de análisis de casos, basada en los patrones de victimización, y la exhortó a enfocarse en regiones o tendencias nacionales y asignar las órdenes de trabajo a los analistas que ya conozcan los patrones, con el fin de evitar demoras prevenibles en el trámite de información que se requiera evaluar.
La Jurisdicción también recomendó al director de la UNP, Alfonso Campo; y el consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, implementar en la Subdirección Especializada un procedimiento rápido que permita atender las amenazas a comparecientes, cuyo motivo de fondo sea una oferta de reclutamiento ilegal, e insistió en que es necesario crear un mecanismo que agilice la atención de estos casos que directamente impactan la misionalidad del Sistema Integral para la Paz.
Estas decisiones fueron adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, después de que la magistratura le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP analizar y sistematizar 35 carpetas que contenían 2.289 folios.
Esta información fue organizada por la etapa en la ruta de protección en la que quedó cada compareciente asesinado, el tipo de medidas adoptadas, el nivel de la implementación, y las fechas entre la presentación de la solicitud de protección y su muerte, entre otras variables.
