Uno de los más graves panoramas que se viven actualmente en Colombia y sus fronteras es el dramático aumento del tráfico de migrantes irregulares por el Tapón del Daríen y el archipiélago de San Andrés para poder llegar hasta los Estados Unidos.
Precisamente, bajo en este panorama se realizó una Reunión de Fiscalías Especializadas en la Investigación y Persecución del Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en el Contexto de las Migraciones Regionales, que tuvo lugar en Ciudad de Panamá.
El fiscal General de la Nación y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), Francisco Barbosa, entregó un balance de la gestión del ente investigador, frente a la lucha en Colombia para combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas.
“Contamos con 1.243 personas indiciadas, 468 personas imputadas, 649 capturas, 242 medidas privativas de la libertad, 849 abonados telefónicos nacionales, 6 internacionales, 241 bienes y 25 personas identificadas”, aseguró el fiscal.
Según datos de Migración Colombia, el tráfico irregular sigue en aumento, llegando hasta los 380.539 migrantes cruzaron la frontera hacia Panamá. Por esto, resaltaron la importancia de la cooperación judicial y de fortalecer la coordinación entre los países aliados, para garantizar la asistencia, atención y protección de las personas migrantes.
“Celebro que se piense en los equipos conjuntos de investigación, en que podamos seguir trabajando no solamente desde la órbita de nuestros países, sino también desde la misma Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos que presido, y que ha sido fundamental para el desarrollo de todas estas dinámicas con una aproximación analítica, estructural, para poder determinar en dónde se están produciendo esos delitos”, recalcó Barbosa.
Uno de los principales retos, reconocieron las entidades, es que la situación debe verse no solo como un fenómeno criminal, sino también desde el tema social y económico. Sumado a la necesidad de frenar el flujo de dinero ilícito que se mueve detrás del fenómeno migratorio, como una estrategia de impactar el accionar de las estructuras trasnacionales.
“Debemos ser incisivos como Ministerios Públicos en seguir en nuestra tarea de persecución de esas actividades criminales, a través de la destrucción de los flujos financieros, pero al mismo tiempo, a través de la construcción, de la configuración de equipos conjuntos de investigación, que son el resultado del trabajo articulado de nuestros puntos de contacto y fiscales especializados para avanzar en esas dinámicas procesales de manera rápida”, señaló
El encuentro contó con la participación del Procurador General de la República de Panamá, Javier Caraballo Salazar; de representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Centroamérica y el Caribe; además de fiscales especializados en la investigación y persecución del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Argentina, República Dominicana, Canadá, Chile y Perú.