La Procuraduría abrió investigación contra los gobernadores de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, y de Arauca, Indira Luz Barrios (E), por presuntas irregularidades en el desarrollo de proyectos dentro de sus departamentos.
En lo que respecta al departamento de Arauca, el Ministerio Público encontró presuntas irregularidades en el decreto en el que se priorizaron y aprobaron proyectos de protección, pavimentación, obras al relleno sanitario, alcantarillado y la implementación de energía solar fotovoltaica en algunas zonas rurales del departamento.
Por estas irregularidades ya son investigados Carlos Alirio Reina Pérez, asesor jurídico y legal (e), y Claudia Juliana Romero, secretaria de Planeación del Departamento.
Por otro lado, la Procuraduría abrió investigación contra el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinoza, por presuntas irregularidades en el desarrollo del proyecto de mejoramiento de vías en el municipio de San Onofre, por un valor superior a los 47.000 millones de pesos.
“La obra, que fue adjudicada para su ejecución desde 2019 al consorcio Vías y Equipos San Onofre 2020 y que debía ser entregada en septiembre de 2021, reportó un avance de ejecución física de apenas el 27%, mientras que la interventoría reportó, a octubre de 2020, tan solo una ejecución del 2.6%”, explica la Procuraduría por medio de un comunicado.
Este caso involucra, además al exgobernador de este departamento Édgar Martínez Romero y otros servidores del orden departamental.
CORRUPCIÓN EN LA GUAJIRA
Por otro lado, la Procuraduría abrió investigación contra el representante a la Cámara por el departamento de la Guajira, Juan Loreto Gómez, por presuntas irregularidades en el proyecto de pavimentación y alcantarillado en la comuna 10 de Riohacha que costo 28.000 millones de pesos, que lideró cuando se desempeñaba como secretario de Planeación departamental en agosto de 2017.
En este sentido la Procuraduría informó que, por presuntos incumplimientos en la ejecución de estos proyectos en La Guajira, están siendo investigados nueve exgobernadores, una exalcaldesa de Riohacha, cuatro exfuncionarios de los gobiernos departamental y municipal y dos interventores de obra.
Los siete exgobernadores que tuvo el departamento entre enero de 2020 y agosto de 2021 fueron vinculados a la investigación por posibles irregularidades en la formulación del proyecto para la implementación de estrategias a la población en situación de pobreza, por $8.803.863.745.
En otra investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de 16 ambulancias medicalizadas, fueron incluidos cuatro exgobernadores y el secretario departamental de salud.