A través de un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- afirmó que los planes criminales de control y recuperación territorial del Eln son un obstáculo para el trabajo de la jurisdicción y para la consolidación del Acuerdo de paz firmado en noviembre del año 2016.
“En 15 municipios priorizados por la Jurisdicción, donde actualmente avanzan las labores de exhumaciones y diligencias forenses, se presentaron 17 hechos violentos entre el 25 de enero y el 7 de febrero que pusieron en riesgo a las comunidades, su derecho a la verdad y a la no repetición. Dos excombatientes y siete líderes sociales fueron asesinados en ese período, en el que además se reportó una masacre cada tres días", informó la JEP.
La Jurisdicción también alertó el incremento de la violencia y los actos criminales en medio de la pandemia del Covid-19 en las regiones apartadas del país.
“El Eln aprovechó la ausencia de una política integral del Estado que permita consolidar la paz territorial, así como la emergencia sanitaria por el Covid-19 para llegar a zonas donde había perdido el control hace tres décadas", indica el comunicado.
Este fue el principal hallazgo que encontró el Monitoreo de Riesgos de Seguridad presentado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. De acuerdo con el segundo informe de 2021, hay una tendencia hacia la reactivación del conflicto en las zonas a las que ha llegado el grupo guerrillero.
Según el periodo analizado, esta misma guerrilla es el factor de mayor riesgo de ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos. Esto sin contar otras estructuras como el Clan del Golfo, que se disputan a sangre y fuego el control de los territorios.