El Consejo de Estado confirmó una condena contra el Estado por el mal accionar del Ejército Nacional durante un operativo adelantado para capturar a los presuntos secuestradores de un joven, en hechos ocurridos el 20 de octubre del 2006. El caso tuvo lugar en la vía que conduce del municipio de Briceño a Yarumal, en el departamento de Antioquia.
Allí, uniformados de la fuerza pública, quienes habían instalado un retén oficial en la vía, dispararon indiscriminadamente contra un vehículo tipo campero, similar a aquel en el que se movilizaban los delincuentes.
Sin embargo, dentro del vehículo se encontraban, en realidad, una monja que responde al nombre de Luz Mery Quintana, un menor de edad y el conductor Sergio Rojas, quien perdió la vida en medio del ataque.
“El conductor fue ejecutado en un procedimiento absolutamente arbitrario. Las víctimas declararon que no habían visto al Ejército, que no habían visto el retén, que no habían visto la orden de pare; el Ejército disparó desde el monte”, señaló Javier Villegas, abogado de la familia de Sergio Rojas.
Aunque el Ejército afirmó que los soldados hicieron señal de pare al vehículo, los ocupantes del mismo negaron tal versión. De hecho, el Consejo de Estado reveló que el Ejército no instaló un puesto de control que señalara que se trataba de un retén oficial.
“La reacción fue desproporcionada, pues, tal como se advierte a partir de las declaraciones de los militares, todos dispararon varias veces y sin ninguna precaución de preservar la vida de las personas. En este caso hubiese bastado con que los soldados dispararan a las llantas del vehículo con el fin de que este se detuviera”, manifiesta la sentencia.
El vehículo en el que presuntamente se movilizaban los secuestradores, y que inicialmente fue reportado al Ejército, era de color verde; el campero en el que viajaban las víctimas, en cambio, era amarillo. Así, el Consejo de Estado no encontró pruebas que aseguraran que los soldados se hubiesen identificado como tales, ni que hubieran mostrado una señal de pare.