El clan familiar conocido como ‘Lucar’ estaba conformado por Luis Aníbal Cardona Henao y sus hijos Jaider Andrés, Huber Aníbal y Luis Guillermo Cardona Mayo, quienes al parecer adquirieron varios bienes con los dineros obtenidos por la minería ilegal en Antioquia, Cauca y sur de Bolívar. Por eso les ordenaron extinción de dominio.
El clan familiar realizaba la extracción ilícita de oro causando el deterioro indiscriminado de los recursos naturales, por lo que se impusieron medidas cautelares de embargo sobre 27 inmuebles; entre fincas, apartamentos, casas, lotes y edificaciones. Además de 4 establecimientos de comercio, 2 sociedades y 3 vehículos que tenían un valor comercial de 25 mil millones de pesos.
Dichos bienes se encontraban en los municipios de San Rafael, Guatapé, El Peñol, Barbosa, Bello y Cisneros, resaltando fincas lujosas, edificios y la mitad de un islote ubicado en la represa de Guatapé, avaluado en 2.003 millones de pesos. Así como un predio localizado en San Rafael donde funcionaba la mina San Julián, en la que mediante la modalidad de socavón se extraía oro en grandes cantidades.
Según la investigación de la Fiscalía para dar apariencia de legalidad a los ingresos ilegales, esta red tenía dos opciones, la primera es que adquiría inmuebles que después arrendaba y la segunda era que vendía el oro a distintas comercializadoras que posteriormente pagaron regalías al Estado y reportaron a Luis Aníbal Cardona como vendedor del mineral, aunque nunca tuvo título minero autorizado por la Agencia Nacional de Minería.
“El cruce de información puso al descubierto que los Cardona reportaron ante la DIAN cerca de mil millones de pesos por operaciones mineras cumplidas entre 2010 y 2014, claramente amparados en normas que no les eran aplicables. Asimismo, parte del oro declarado salió de 14 minas ubicadas en distintos municipios de Antioquia, pero fue registrado como si hubiera sido extraído en una sola mina, que no tenía título minero", señaló el ente investigador.
Cabe destacar que este clan familiar fue capturado y judicializado en diciembre de 2019.