Desarticulada red de tráfico de migrantes que ofrecía documentos de identidad fraudulentos
La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red de tráfico de migrantes, dedicada a ofrecer y suministrar, desde Barranquilla, documentos de identidad colombianos fraudulentos a migrantes de República Dominicana y Venezuela, para que pudieran viajar a Estados Unidos y Europa.
Esta red, conformada por 31 personas, entre ellas funcionarios y excolaboradores de la Cancillería y la Registraduría, entregaba desde 2021 registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes fraudulentos a los migrantes para que así pudieran salir del país y viajar a México o Guatemala para cruzar, por vía terrestre, a Estados Unidos. Algunos de ellos se dirigían a países europeos para quedarse allí o buscar por esa ruta ingresar a Norteamérica.
El delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Gabriel Sandoval, explicó que estas personas "cobraban entre 2.000 y 4.500 dólares americanos por suministrar documentos falsos a los migrantes (...) El grupo delincuencial estaría activo desde 2021, y tendría dos cabecillas: un ciudadano dominicano y una colombiana, quien tenía a su disposición un número considerable de captadores, colaboradores, tramitadores y algunos familiares".
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La DIJIN de la Policía por su parte indicó que, además, 11 personas se encargaban de buscar a los migrantes para ofrecer los documentos adulterados, y "tres empleados y seis exfuncionarios de la Registraduría estarían a cargo de ubicar registros civiles de personas no ceduladas para suplantarlas, mientras tres empleados y cinco extrabajadores de la Cancillería se encargarían de “formalizar” en pasaportes las falsas identidades. Con esa documentación fraudulenta, que les daba apariencia de ciudadanos colombianos, los migrantes viajaban con facilidad por distintos países".
A la fecha, por estos hechos, la Registraduría Nacional ha anulado 344 cédulas falsas y constató la expedición irregular de 304 pasaportes, además avanza en otras medidas que detalló el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, que incluyen "la cancelación de más de 800 cédulas obtenidas por falsa identidad y el estudio de más de 180 registros civiles obtenidos de manera fraudulenta".
Por estos hechos las 31 personas deberán responder por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito. Además, solicitará contra los capturados medida de aseguramiento privativa de la libertad.
