Jueza ordena libertad del expresidente Álvaro Uribe
Por: Colprensa y Radio Nacional.
La juez 30 de control de garantias de Bogotá decretó la libertad del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Velez, quien se encontraba en prisión domiciliaria por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
Durante la audiencia, la juez Clara Salcedo Duarte explicó todos los datos del proceso, tras el estudio de los argumentos presentados el pasado jueves, durante más de 13 horas, donde la Fiscalía pidió la libertad del expresidente de la República.
Uribe Vélez estaba privado de su libertad desde el 5 de agosto, cuando la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitió la medida de aseguramiento domiciliaria, mientras responde por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
Gabriel Jaimes, fiscal del caso del exsenador Álvaro Uribe Vélez, había solicitado el pasado jueves ante la juez 30 que se le concediera libertad al expresidente, argumentando “respeto a la legalidad, respeto por el derecho del que deviene necesariamente la libertad del ciudadano”.
El delegado del ente acusador dejó claro que su solicitud no es una “antesala” a lo que será el proceso de investigación en contra del expresidente. Por el contrario, aseguró que habrá celeridad en el caso, no habrá impunidad, habrá justicia y derecho.
Respecto de la solicitud de libertad, el fiscal dejó claro sus argumentos. Señaló que “asimilar la indagatoria a la formulación de imputación resulta afectante y lesiva al sistema penal acusatorio”.
De acuerdo con Jaimes, para la Fiscalía es evidente que hay “incompatibilidad procesal” en caso que se llegue a avalar la indagatoria como una imputación de cargos, en la ley 906. A su juicio, “vulneraría el derecho del debido proceso, si en el caso presente avanzáramos en el mismo estanco procesal”.
Jaimes dejó claro que como no hay curso de imputación, no hay punto de partida para una medida de aseguramiento. El fiscal, que intervino después de la defensa de Uribe, se sumó a sus argumentos para pedir la libertad.
Sin embargo, las víctimas aseguran que la solicitud hecha de la defensa del procesado, y acompañada por la Fiscalía y la Procuraduría, está “disfrazada” de una nulidad de lo actuado por la Corte, con la que se le quiere restar impacto e importancia a las pruebas recaudadas por el Alto Tribunal.
