La Contraloría halló detrimento de $22 mil millones en obra de agua potable en La Guajira
La Contraloría General de la República decretó medidas cautelares y abrió cinco procesos de responsabilidad fiscal, por presuntos detrimentos de más de 22 mil millones de pesos en la ejecución de obras de agua potable y saneamiento básico en La Guajira.
Tras una auditoría el ente de control encontró que en el departamento donde la gente muere por hambre y sed, especialmente la población wayuu, desde el 2018 hasta el 2022 se construyeron obras de saneamiento básico que quedaron sin funcionalidad e incluso contrataron maquinarias que nunca entraron en funcionamiento.
Un ejemplo de ello es el proyecto de construcción de obras hidráulicas en la comuna 10 de Riohacha, que es el sector más extenso y poblado de la ciudad, “el proyecto se encuentra suspendido desde el día 9 de mayo de 2018 y a la fecha no se han tomado medidas para superar las circunstancias que han imposibilitado la ejecución de la obra o, si las obras hidráulicas ya realizadas pueden ser utilizadas en beneficio de la Comuna 10 del municipio de Riohacha” dice el informe de la Contraloría.
Otros proyectos auditados fueron la construcción de los sistemas de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Paraguachón, en la zona de frontera con Venezuela, la línea de conducción de agua potable entre los municipios de Distracción y Fonseca en el sur de La Guajira, y la optimización del sistema de tratamiento de agua potable para el municipio de Albania, los cuales fueron concluidos, pero no prestan servicio a la comunidad.
“La auditoría de la Contraloría estableció un total de 18 hallazgos administrativos, de los cuales 15 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno posible connotación penal y 5 de probable carácter fiscal en cuantía de 20.769 millones de pesos”, informó la Contraloría General de la República.
Como parte de las medidas cautelares, el ente de control requirió a las aseguradoras e interventorías de obras, contratantes, contratistas y demás entidades del Estado como el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para que se tomen las medidas pertinentes y sobre todo sean resarcidos los daños ocasionados al patrimonio público.
